Lo que no se mide, no se puede mejorar
Por primera vez en muchos años las emisiones de gases de efecto invernadero en España en 2006 se redujeron en un 4,1% y el consumo de energía primaria bajó un 1,3%, mientras que el PIB creció un 3,9%. En 2006 mejoró la eficiencia energética y el desacoplamiento de la economía española de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Este buen resultado ha sido posible gracias a las políticas adoptadas -Plan Nacional de Asignación (PNA), Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (E4), Plan de Fomento de las Energías Renovables (PER) y Código Técnico de la Edificación (CTE)-, a fenómenos coyunturales, como el aumento de la producción hidráulica y, sobre todo, al aumento de los precios del petróleo y de otros combustibles (gas natural, carbón importado y productos petrolíferos refinados) registrados en los últimos dos años y, que dada la inercia del sistema, no se han materializado hasta el año 2006.
Sin embargo, a pesar de esta importante reducción, las emisiones de gases de invernadero han aumentado un 48,05% desde 1990. Este crecimiento triplica el 15% de aumento promedio permitido a España por el Protocolo de Kioto para el periodo 2008-2012, lo que sitúa a España lejos aún de su cumplimiento, incluso considerando los 20 puntos de reducción a lograr en terceros países a través de los mecanismos de flexibilidad del Protocolo y los 2 puntos de reducción por mejora en la gestión de los sumideros de carbono, contemplados el Plan Nacional de Asignación de Emisiones PNA II, lo que resitúa el objetivo en un tope de crecimiento de emisiones del 37% en relación a 1990. La cuenta del promedio para 2008-2012 comienza dentro de unos meses, en enero de 2008, en los que España se situará con unas emisiones muy por encima del 40%, aún en el caso de que las emisiones de 2007 tuvieran también un buen comportamiento, por lo que para alcanzar la media del 37% durante los 5 años del período de cumplimiento, serán necesario importantes esfuerzos adicionales, que modifiquen algunas de las políticas vigentes. Con el escenario actual, plasmado en los escasos documentos oficiales de planificación energética, las emisiones de GEI alcanzarán el 52,5% en 2011. Será necesario que la próxima Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia introduzca los cambios necesarios para alcanzar el cumplimiento del Protocolo de Kioto. Es difícil, pero no imposible: si la tendencia de reducción de emisiones de 2006 se consolidara sería posible alcanzar el objetivo.
¿Tendencia estructural o fenómeno coyuntural?
Las emisiones de gases de invernadero en dióxido de carbono (CO2) equivalente en España han aumentado un 48,05% en el año 2006 respecto a 1990, pero han experimentado la más importante reducción desde 1990 respecto al año anterior (4,11% tomando como referencia el año base 1990 corregido y un 2,7% si se consideran las emisiones de 2005). Sólo en 1994 se registraron cifras similares de reducción, pero lo que diferencia a 2006 ha sido el importante crecimiento del PIB (cerca del 4%) y del empleo, lo que hace más destacada la reducción alcanzada -que podemos calificar de histórica- y que sería deseable que se plasmase en los próximos años. ¿Tendencia estructural o fenómeno coyuntural? El tiempo lo dirá.
La disminución de las emisiones de los seis gases y para todos los usos en el año 2006 (-4,1%) contrasta con las del año 2005 (aumento del 5,3%), debido a que 2006 fue un mejor año hidráulico, ya que la producción hidroeléctrica se situó en un 32,1% superior a la del año 2005 y, consecuentemente, las centrales de ciclo combinado de gas natural y las de carbón funcionaron menos horas (el consumo de carbón en las centrales termoeléctricas se redujo un 14,7% respecto al año 2005, el del fuel oil cayó un 44,4% y el de gas natural en las centrales de ciclo combinado creció un 29,9%, muy inferior al del año 2005). El consumo de energía primaria disminuyó en 2006 un 1,32%, aunque el consumo de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) descendió un 2,5%, por lo que las emisiones de CO2 por usos energéticos descendieron casi en el mismo porcentaje en el que habían aumentado en 2005. La nota discordante es el aumento de las emisiones de las fábricas de cemento, a causa del auge del sector de la construcción.
En los dos últimos años se han elaborado y dictado normas que sin duda ralentizarán el aumento de las emisiones en los próximos años, como la Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2010 y su Plan de Acción 2005-2007 (E4), la elaboración del Plan de Energías Renovables para el periodo 2005-2010 (PER), dos Planes Nacionales de Asignaciones (PNA), la Revisión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011, el Plan Nacional de Reducción de Emisiones y el nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE). Igualmente ha aumentado la conciencia de la población y las diversas administraciones y empresas empiezan a tomar en serio el desafío del cambio climático.
No obstante, España sigue siendo uno de los países industrializados donde más aumentaron las emisiones. Con esta situación, sigue siendo difícil aunque no imposible cumplir el Protocolo de Kioto, el principal acuerdo para proteger el medio ambiente y el clima. Según los escenarios contemplados en los diversos planes energéticos, elaborados en la actual legislatura, para el periodo 2008-2012 las emisiones en España serán superiores en un 52,64% a las del año base. Con el nivel alcanzado por las emisiones actuales, esta cifra será difícil de reducir, y España tendrá que acudir a los mecanismos de flexibilidad contemplados en el Protocolo de Kioto en una proporción mayor de la deseable.
Los dos Planes Nacionales de Asignación de emisiones de CO2 derivados de la aplicación de la Directiva Europea de Comercio de Emisiones, elaborados por el Gobierno socialista, contemplaban un escenario de crecimiento de las emisiones del 24% el primero y de un 37%, el segundo, para ese mismo periodo, es decir, un objetivo aún muy alejado de las emisiones actuales. Pero estas cifras no se corresponden con los planes citados y, muy especialmente, la Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2010 y su Plan de Acción 2005-2007, el Plan de Energías Renovables para el período 2005-2010 y la Revisión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011. Esta última, sobre todo, contempla un escenario de estabilización de las emisiones del 52,64%, es decir en niveles superiores a los actuales, 48,05%. No se alcanzarán emisiones inferiores a las de dicho escenario si no hay las dotaciones presupuestarias adecuadas y no se reconsidera la política de transportes y la fiscalidad energética.
La subida de los precios energéticos en el mercado internacional en parte ha resuelto la falta de iniciativas importantes en el terreno de la fiscalidad energética, pero a costa de un grave deterioro de la balanza comercial, sin duda uno de los principales problemas de nuestra economía española, junto a la dependencia del sector de la construcción, el retraso tecnológico y la baja competitividad de la mayoría de los sectores, con notables excepciones, como las energías renovables (eólica y solar). El barril de petróleo tipo Brent tuvo una cotización media de 65,1 dólares en 2006, frente a 54,4 dólares en 2005.
El consumo de energía primaria en España ha pasado de 91,8 Mtep (millones de toneladas equivalentes de petróleo) en 1990 a 145,13 Mtep en el año 2006 (un 58% de aumento). En 2006 la dependencia energética alcanzó el 79%, a pesar de que en la producción nacional se incluye la energía nuclear. El grado de dependencia energética fue del 66% en 1990. La Revisión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011, aprobada en abril de 2006, estima que el consumo de energía primaria será de 164,7 Mtep en el año 2011, con un crecimiento anual del 2% para el periodo 2000-2011. El consumo de carbón disminuiría de 19,68 Mtep en el año 2006 (13,6% del consumo de energía primaria) a 13,96 Mtep en 2011 (8,5%); el de petróleo pasaría de 70,86 Mtep en 2006 (47,9%) a 74,55 Mtep en 2011 (45,3%), el gas natural de 30,04 Mtep (20,7%) a 40,53 Mtep (24,6%), la energía nuclear se mantendría en términos absolutos (de 15,7 Mtep a 15,1 Mtep) y disminuiría en términos relativos (del 10,8% en 2006 al 9,2% en 2011), y las energías renovables deberían alcanzar el 12,5% previsto en el año 2011, pasando de 9,2 Mtep en 2006 (6,3%), incluida la hidráulica, a 20,55 Mtep en 2011 (12,5%).
Si se cumplen estas previsiones aún no revisadas, que ya exigen un gran esfuerzo en eficiencia y energías renovables, las emisiones se mantendrán en los niveles actuales, sin apenas aumentar, pero tampoco sin disminuir, lo que haría difícil cumplir el Protocolo de Kioto, y obligaría a adquirir cerca de 100 millones de toneladas de CO2 equivalente al año y unos 500 millones de toneladas durante el periodo 2008-2012, cuyo coste, en el mejor de los casos, ascendería a unos 700 millones de euros anuales y unos 3.500 millones de euros en el periodo 2008-2012, siempre que la mayor cantidad corresponda a proyectos del denominado Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), y asumiendo las mejores circunstancias, no siempre probables.
En cuanto a los sumideros, con el Plan Forestal vigente desde la anterior legislatura y aún no revisado, en el mejor de los casos se podrían ahorrar el 2,5% adicional de las emisiones actuales, y un 7,5% para el año 2030. El Plan Nacional de Asignación prevé un 2%, cifra realista y alcanzable, y que incluso puede superarse, dadas las cifras que se van conociendo del Tercer Inventario Forestal Nacional.
EL PROTOCOLO DE KIOTO
Tras la ratificación de Rusia, el Protocolo de Kioto entró en vigor el 16 de febrero de 2005. En el año 2001 el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, decidió no ratificar Kioto. Hay que tener en cuenta que EEUU, con el 4,7% de la población mundial, es responsable de cerca del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
El Protocolo de Kioto permite que los países industrializados puedan vender y comprar derechos de emisión, tomando como referencia el año base 1990. En 1990 aún existía la URSS, con unos consumos energéticos enormes, y unas emisiones igualmente elevadas. La implosión posterior cambió radicalmente la situación, y Rusia, Ucrania y el resto de los países de la antigua URSS, podrán vender “derechos de emisión” a otros países industrializados que superen los límites marcados por el Protocolo de Kioto.
El Protocolo de Kioto de diciembre de 1997 concluyó con la adopción de un acuerdo de reducción de emisiones de gases de invernadero por los 38 países industrializados. El compromiso obliga a limitar las emisiones conjuntas de seis gases (CO2, CH4, N2O, carburos perfluorados (PFC), carburos hidrofluorados (HFC) y hexafluoruro de azufre) respecto a las del año 1990 durante el periodo 2008-2012, en proporciones diferentes según el país: reducción de un 8% para el conjunto de la Unión Europea, un 7% para EE UU y un 6% para Japón. Ucrania, la Federación Rusa y Nueva Zelanda se comprometen a mantener sus emisiones de 1990. En el caso de la UE, los países miembros redistribuyeron su objetivo de reducción del 8% entre todos ellos, de forma que unos recomprometían a reducir más allá del 8% y a otros se les permitía aumentar sus emisiones, aunque con un tope máximo, como en el caso de España a la que se le permite aumentarlas hasta un 15%. En conjunto la reducción global acordada es de un 5,2% para el conjunto de países industrializados. El Protocolo no obliga en una primera fase a reducir emisiones a los países en desarrollo, por aplicación del principio de responsabilidad común pero diferenciada, dadas sus reducidas emisiones por habitante en relación a la media mundial que se sitúa en unas 4 t de CO2 equivalente por habitante y año. Ahora se está negociando en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático sobre la continuidad del proceso después de 2012, en la idea de renovar compromisos vinculantes de reducción para todos los países industrializados, incluido Estados Unidos, y compromisos voluntarios para los países en desarrollo, es especial para los llamados países emergentes.
LAS CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático global es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta el mundo, y España en particular, con sus secuelas de olas de calor, muertes directas por hipertermia y por agravamiento de otras dolencias, incendios forestales, subida del nivel del mar, sequías y fenómenos meteorológicos extremos, como la gota fría y las inundaciones, con graves daños a la agricultura, los bosques, los ecosistemas marinos y terrestres, el turismo, los seguros y las infraestructuras. El cambio climático agrava los procesos de desertificación y erosión, la escasez de recursos hídricos debida a la deforestación, la sobreexplotación de acuíferos y una pérdida generalizada de biodiversidad en las zonas húmedas costeras y en los bosques.
La temperatura media anual ha subido una media de 1,5º C en el periodo 1970-2000 en España, según datos del Instituto Nacional de Meteorología, y se prevé un descenso medio de las precipitaciones del 10%, que podría alcanzar hasta el 40% algunos años), un aumento de la evapotranspiración, un descenso del 33% de la humedad del suelo y una subida del nivel del mar, lo que acarreará graves trastornos ecológicos, sanitarios, económicos y sociales. Diversos estudios científicos sobre las consecuencias del cambio climático han sido difundidos con ocasión de la presentación del cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, corroborando los efectos adversos de la alteración del clima, incluidos los efectos adversos para el área mediterránea y para España.
Tales efectos tendrán costes económicos muy elevados, algo que conviene recordar cuando se analizan los posibles costes de cumplir con el Protocolo de Kioto. Según el Informe Stern, el coste de no actuar podría alcanzar el 20% del PIB mundial, lo que supondría una catástrofe económica y social de dimensiones desconocidas en la era contemporánea, mientras que con una inversión equivalente al 1% del PIB mundial para frenar el cambio climático se podría evitar tal catástrofe.
ESPAÑA, ALEJAMIENTO DE KIOTO Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Se afirma, no sin razón, que las emisiones por habitante en España en 2012 serán inferiores a la media de la Unión Europea, pero hay que recordar que la media española es muy superior, más del doble, de la media mundial. No obstante, en 2006 las emisiones por habitante fueron de 9,6 toneladas de CO2 equivalente, mientras que las de la Unión Europea ascendieron a unas 11 toneladas de CO2 equivalente, un 13% superior a la media española. El importante aumento reciente de la población española, a causa de la inmigración, exige un mayor esfuerzo al inicialmente previsto para cumplir con las obligaciones en el marco del Protocolo de Kioto y los compromisos con la Unión Europea.
El aumento de los consumos energéticos y las emisiones en España es muy superior al del resto de los países europeos, tanto en números absolutos como comparativos en relación con el crecimiento económico. El sistema energético venía perdiendo eficiencia año tras año, necesitando más energía y emisiones de gases de invernadero para producir la misma unidad de PIB, aunque en los dos últimos años, por primera vez desde 1990, ha mejorado la eficiencia y ha habido un importante cambio de tendencia.
Las políticas europeas se orientan hacia desacoplar el crecimiento de la actividad económica del consumo de energía, tanto final como primaria, lo que permite aumentar el PIB y el empleo, disminuyendo al mismo tiempo el consumo de energía y las emisiones.
La economía española, hasta los cambios de 2006, venía registrando los peores índices de intensidad energética y de emisiones de la Unión Europea, lo que ha perjudicado la competitividad y agravado el déficit exterior, a causa de la subida del precio del petróleo y del gas natural, importados en su práctica totalidad.
Durante muchos años ha habido una ausencia de políticas de ahorro, eficiencia energética y promoción de la movilidad sostenible, y las políticas existentes han incentivado los consumos energéticos, con lo que esto tiene de pérdida de competitividad de la economía española, situación que empieza parcialmente a subsanarse, y que habrá que acentuar en el futuro. Es posible invertir la tendencia y reducir los consumos energéticos y las emisiones sin dañar el nivel de actividad y la competitividad, al contrario, el cumplimiento del Protocolo de Kioto representa una oportunidad de modernización para la producción industrial y los servicios. Lo sucedió en 2006lo ha demostrado. Este debería ser el momento de inflexión para la inversión de la tendencia.
Dadas las consecuencias del cambio climático en España (olas de calor que afectan a la salud, inundaciones y sequías, desaparición de playas, incendios forestales, daños al turismo, la agricultura, la salud y a la diversidad biológica) el gobierno español y diversos gobiernos autonómicos han iniciado una política encaminada a frenar las emisiones, minimizar el impacto del cambio climático en España y jugar un papel activo dentro de la Unión Europea, aunque dicha política requiere aún de un completo desarrollo para corregir la tendencia que se ha mantenido hasta 2005, y consolidar los avances realizados en 2006.
Con el escenario actual, que en 2006 mejoró notablemente respecto a años anteriores, España seguirá sin cumplir el principal protocolo para proteger el medio ambiente y el clima. Lo razonable es ahondar las acciones emprendidas, lo que implica poner los medios, las políticas y los presupuestos para cumplir el Protocolo de Kioto, lo que significa promover las energías renovables, también la eólica incluida la eólica marina, mejorar la eficiencia energética y el transporte colectivo. Esa es una estrategia de ganar-ganar, o doble dividendo, porque es buena en términos ambientales (menos emisiones), tecnológicos (innovación), económicos (mayor competitividad, menor déficit comercial, menos compra de derechos) y sociales (más empleo).
LA ENERGÍA EÓLICA EN ESPAÑA EVITÓ LA EMISIÓN DE 16 MILLONES DE TONELADAS DE CO2
La generación eólica en 2006 alcanzó la cifra de 22.814 GWh, lo que supuso el 8% del total de la demanda (282.582 GWh). La generación eólica ahorró la importación de combustibles fósiles por valor de 800 millones de euros durante 2006, y evitó la emisión de 16 millones de toneladas de dióxido de carbono. Sin la aportación de la eólica, las emisiones habrían sido un 3,7% más que las registradas.
Dado que la eólica plantea problemas de garantía de suministro, los gestores de REE han sido reticentes a su desarrollo, pero hoy la visión que debe prevalecer es intentar superar las dificultades de integración de la eólica en el mix de generación, que las hay, y empezar a desarrollar la eólica marina, eliminando los numerosos obstáculos que existen.
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Joaquín Nieto es secretario confederal de Medio Ambiente y Salud Laboral de CC.OO. José Santamarta Flórez es director de la edición española de la revista World Watch. |
