Francisco Garrido, diputado y Portavoz confederal de Los Verdes, y Bruno Estrada, Portavoz de Los Verdes de Madrid, han presentado hoy, en rueda de prensa, el listado de los ocho municipios a los que, según Los Verdes, se les deberían retirar sus competencias urbanísticas, por tener procesos administrativos o penales abiertos. Dicho listado incluye los municipios de Ciempozuelos (PSOE), Morata de Tajuña (PSOE), Galapagar (PP), Navalcarnero (PP), Las Rozas (PP), Cercedilla (PSOE-IU), Leganés (PSOE-IU) y Torrelodones (PP).
Esta retirada de competencias, ha explicado Garrido, debería hacerse como medida, antes que haya sentencias firmes, por parte de la justicia. Debe ser una decisión y petición política, que pueda frenar a tiempo lo que está en proceso. Para ello, Los Verdes de Madrid presentarán un escrito a la Consejería de Urbanismo y a la Comisión de Peticiones del Parlamento Autonómico.
El Portavoz de Los Verdes de Madrid, Bruno Estrada, ha expresado su preocupación, ante las cuarenta mil nuevas viviendas que se prevé construir, en torno al Parque Nacional de Guadarrama, espacio protegido. Esto significaría el crecimiento de la población de la Comunidad de Madrid en 12 millones de habitantes, en los próximos diez años, lo que significaría, entre otras cosas, un pérdida de la calidad de vida de los madrileños.
Los dos portavoces han coincidido en la necesidad de que el Estado central y las Comunidades Autónomas puedan intervenir en los procesos urbanísticos de los municipios, ya que el problema existe especialmente en las pequeñas poblaciones, donde todo el mundo gana [en el Ayuntamiento] con la especulación.
Francisco Garrido ha querido resaltar que el problema de la corrupción urbanística afecta a todo el arco político, por encima, incluso, del color de los partidos, como se puede ver con el caso de los ocho municipios denunciados en la Comunidad de Madrid. Existe un consenso del ladrillo.
Garrido ha manifestado, también, que ve difícil llegar a un acuerdo, en esta materia, con el PSOE, ya que el partido socialista tiene una enorme presión, por parte de alcaldes y concejales suyos, y ha añadido que la sensibilidad que está mostrando [el PSOE] es más retórica que real.
Se adjunta, a continuación, un breve informe de la situación de los ocho municipios de la Comunidad de Madrid denunciados:
Ciempozuelos (PSOE).
Las irregularidades en la recalificación del Cerro de los Sotos podrían haber supuesto una comisión de 40 millones de euros a los dos últimos alcaldes, para construir 5.200 viviendas. El alcalde ha dimitido y esta detenido.
Morata de Tajuña (PSOE).
La alcaldesa del PSOE, apoyada por el PP ha aprobado la recalificación de 12,7 millones de metros cuadrados, entre los que hay 621.000 m2 no urbanizables, especialmente protegidos. Esto significaría unas 30.000 nuevas viviendas, lo que multiplicaría por 20 la actual población, 5.900 habitantes.
Galapagar (PP)
El anterior Gobierno, con alcalde del PSOE, elaboró un avance, después de hacer una revisión del PGOU en 2002, que la Comunidad cuestionó en varios de sus planteamientos, sobre todo en la edificabilidad y las propuestas de recalificación de suelo por su elevado nivel de protección ambiental.
Con la llegada del nuevo equipo, del PP, se aprobó otro avance del plan en 2004 que retomó los aspectos más polémicos del proyecto y duplicó el volumen de edificabilidad previsto anteriormente. Tal aprobación, se quejan los vecinos, han presentado más de 14.000 alegaciones en contra, no contó con la debida exposición pública.
El Parlamento Europeo reclamó a la Comisión que inicie una investigación sobre el actual PGOU, que supone una amenaza para especies protegidas como el águila imperial. El PP revalida al alcalde como candidato.
Navalcarnero (PP)
El concejal de urbanismo Miguel Angle Fernandez Colomo tiene interés directo en, al menos, 11 de los 22 sectores que se han desarrollado en el periodo 2003-2006. El posee 32.000 metros y su familia cerca de 300.000, el concejal voto a favor de convertir en urbanizables 14 fincas propiedad de el o de su familia.
Las Rozas (PP).
El municipio pasará de 82.000 a 132.000 habitantes, el crecimiento supondría la urbanización de 370.000 metros cuadrados protegidos. Las Rozas es uno de los municipios de España que más crecimiento de población han tenido en los últimos años
Cercedilla (PSOE-IU).
El Ayuntamiento prevé duplicar la población de Cercedilla, de los actuales 6.800 vecinos, a más de 13.000. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que ha preparado el gobierno municipal del PSOE e IU, y que sustituirá a las normas subsidiarias de 1985, que aún están vigor. El proyecto prevé un crecimiento, en una zona con protección medioambiental, de 1.781 viviendas. El 91% del suelo de este ayuntamiento no es urbanizable ya que esta en un enclave situado dentro del espacio que ocupará el futuro Parque Nacional del Guadarrama.
El puente romano de Cercedilla se encuentra en un estado lamentable, amenazado por el sur por una instalación industrial que ya fue declarada ilegal por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) y la delegación del gobierno en 1.983. Tras años de lucha, este taller mecánico fue cerrado. Pero recientemente, el Ayuntamiento de Cercedilla ha concedido nuevamente licencia de apertura a los nuevos dueños, lo que es un presunto delito contra un bien del patrimonio historio nacional.
Leganés (PSOE/IU)
La adjudicación de más de 3.399 m2 de suelo municipal para la construcción de chalets de lujo ha recaído en un ex concejal de urbanismo del PSOE. El concejal de urbanismo y segundo teniente de alcalde es del PSOE, pero el primer teniente de alcalde y presidente de la empresa municipal del suelo es Raul Calle de IU, lo cual evidencia en este tema la connivencia entre ambas formaciones políticas en Leganes. Además, el informe de auditoria de EMSULE, empresa presidida por Raul Calle de IU, se explicita que las deficiencias en el inventario de suelo municipal hacen que no se pueda conocer exactamente la realidad del patrimonio municipal de suelo y su gestión.
Torrelodones (PP)
Existen denuncias de presunta corrupción de concejales del PP, por procedimientos urbanísticos que están incumpliendo la ilegalidad. Hay muchos casos de ocupación de parcelas de suelo público, con edificaciones que no estaban aprobadas, sin que el Ayuntamiento haga nada frente a ello.
Además, puede haber un presunto delito sobre el patrimonio nacional, ya que algunos desarrollos urbanísticos están previstos en zonas que pueden tener pinturas rupestres.
