El Protocolo de Kioto, tras la ratificación de Rusia, entrará en vigor, quedando sólo fuera Estados Unidos y Australia, bastiones del conservadurismo antiecológico.
Las emisiones de gases de invernadero en dióxido de carbono (CO2) equivalente en España han aumentado un 40,43% en el año 2003 respecto a 1990.
El aumento de las emisiones de los seis gases y para todos los usos en España en el año 2003 (0,76%) ha sido menor que el año 2002 (4,24%), debido a que 2003 fue un buen año hidráulico, ya que la producción hidroeléctrica fue un 78% superior a la del año 2002, y consecuentemente las centrales de carbón funcionaron menos horas (el consumo de carbón disminuyó un 7,2% respecto al año 2002). El consumo de energía primaria aumentó un 3,1%, y las emisiones de CO2.por usos energéticos crecieron un 1,4% en 2003.
El cambio climático global es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta el mundo y España, con sus secuelas de olas de calor, muertes directas por hipertermia y por agravamiento de otras dolencias, incendios forestales, subida del nivel del mar, sequías y fenómenos meteorológicos extremos, como la gota fría y las inundaciones, con graves daños a la agricultura y las infraestructuras.
De 1996 a 2003 las emisiones aumentaron un 32,43% en España. Los gobiernos del PP dejan una grave herencia que ha dificultado la elaboración del Plan Nacional de Asignación de Emisiones por el nuevo gobierno y el propio cumplimiento de las obligaciones españolas dentro de la Unión Europea.
Los gobiernos del PP no elaboraron ningún plan para cumplir los compromisos adquiridos con la firma del Protocolo de Kioto de 1997 y en el seno de la Unión Europea, compromisos que establecen un tope del 15% de aumento entre 1990 y el periodo 2008-2012. Tampoco elaboraron el Plan Nacional de Asignación, incumpliendo los plazos, y dado el aumento de las emisiones, dejaron un margen de actuación muy pequeño al nuevo gobierno, que deberá realizar acciones complicadas y conflictivas, con el fin de recuperar los ocho años perdidos y poder cumplir los compromisos de España en el marco del Protocolo de Kioto y el reparto de la carga en el seno de la Unión Europea.
Dadas las consecuencias del cambio climático en España (inundaciones y sequías, desaparición de playas, incendios forestales, perjuicios al turismo, la agricultura, la salud y a la diversidad biológica), hay que felicitarse por la política más beligerante por parte de la nueva Administración del PSOE, que contrasta con la indiferencia del PP en sus ocho años de gobierno, cuando no el más trasnochado desarrollismo, reclamando el derecho a contaminar más. En la práctica el PP jugaba a la revisión del Protocolo de Kioto, o a su abandono, y nunca pensó ni hizo nada por reconducir la situación.
La derecha económica y política sostiene que las emisiones por habitante en España son inferiores a las de la Unión Europea de 15 países, pero olvida decir que el aumento en España es muy superior al del resto de los países europeos, y nuestro sistema energético es cada año menos eficiente, necesitando más energía, y emisiones de gases de invernadero, para producir la misma unidad de PIB. España es el país de la UE de los 15 que más se aleja de sus compromisos dentro del Protocolo de Kioto.
A lo largo de los ocho años de gobiernos del PP, mientras que el PIB en España aumentó un 28,8%, el consumo de energía primaria creció un 35,7%, el consumo de energía final un 36,6% (el consumo final es ligeramente inferior por el mayor peso del gas natural y la energía eólica) y el de electricidad un 47,1%. La economía española ha registrado los peores índices de intensidad energética y de emisiones de la Unión Europea.
Si en 1996, España partía de una situación similar en cuanto a la intensidad primaria respecto a la UE (220 kilogramos equivalentes de petróleo por cada 1.000 euros de 1995 en España frente a 211 en la UE-15), en el año 2002 España había aumentado su intensidad energética hasta el 229 kilogramos equivalentes de petróleo por cada 1.000 euros de 1995 mientras que la UE la había reducido a 191, datos que demuestran la pérdida de eficiencia energética respecto a la UE.
Las políticas europeas se orientan hacia desacoplar el crecimiento de la actividad económica del consumo de energía, tanto final como primaria, lo que permite aumentar el PIB y el empleo, disminuyendo al mismo tiempo las emisiones.
Ha habido una ausencia de políticas de ahorro, eficiencia energética y promoción de la movilidad sostenible, y las políticas existentes han incentivado los consumos energéticos, con lo que esto tiene de pérdida de competitividad de nuestra economía, situación que habrá que subsanar en el futuro.
El cambio climático en España
El cambio climático en España es especialmente grave dada la extrema vulnerabilidad de los ecosistemas mediterráneos, debida a la baja tasa de renovación del suelo y del agua en gran parte de la región. El cambio climático agrava los procesos de desertificación y erosión, la escasez de recursos hídricos debida a la deforestación, la sobreexplotación de acuíferos y una pérdida generalizada de biodiversidad en las zonas húmedas costeras y en los bosques.
Con el escenario que dejó el PP, España incumpliría gravemente el principal protocolo para proteger el medio ambiente y el clima, pues para el periodo 2008-2012 las emisiones en España podrían ser superiores en un 54% a las del año base.
El consumo de energía primaria en España ha pasado de 88 Mtep (millones de toneladas equivalentes de petróleo) en 1990 a 132,6 Mtep en el año 2003 (un 51% de aumento).
En 2003 la dependencia energética alcanzó el 78%, a pesar de que en la producción nacional se incluye la energía nuclear. El grado de dependencia energética fue del 66% en 1990.
El documento del Ministerio de Economía titulado Planificación de los sectores de electricidad y gas 2002-2011 estimaba que el consumo de energía primaria será de 175 Mtep en el año 2011, con un crecimiento anual del 3,09% para el periodo 2000-2011. El consumo de carbón disminuiría de 21,6 Mtep en el año 2000 (17,3% del consumo de energía primaria) a 14,4 Mtep en 2011 (8,2%), el de petróleo pasaría de 64,7 Mtep en 2000 (51,7%) a 83,4 Mtep en 2011 (47,6%), el gas natural de 15,2 Mtep (13%) a 39,3 Mtep (22,5%), la energía nuclear se mantendría en términos absolutos (de 16,2 Mtep a 16,6 Mtep) y disminuiría en términos relativos (del 13% en 2000 al 9,9% en 2011), las energías renovables deberían alcanzar el 12% previsto en el año 2010, algo bastante dudoso con el desarrollo actual, pues sólo la energía eólica va a buen ritmo (en teoría se pasaría de 7 Mtep en 2000 a 21 Mtep en 2011), y el resto corresponde al saldo de la electricidad.
Si se cumpliesen las previsiones del anterior Gobierno del PP, las emisiones de dióxido de carbono de origen energético aumentarán entre un 78% entre 1990 y 2012 (según se deduce del Plan citado), y un 58% en el escenario más favorable de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética aprobada en 2003, lo que haría matemáticamente imposible cumplir el Protocolo de Kioto.
El consumo de energía primaria, con la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, pasará de 132,6 Mtep (Millones de toneladas equivalentes de petróleo) en el año 2003 a 165 Mtep en el año 2012, lo que supone un incremento del 24%. El consumo final pasará de 90,3 Mtep en el año 2000 a 126 Mtep en el año 2012, un aumento del 39,6%. Entre 2000 y 2012 el consumo final en la industria crecerá un 35,4% (la industria consumirá 46,5 Mtep en 2012), el transporte un 48,8% (consumirá 48 Mtep en 2012) y los usos diversos un 33,2% (consumirán 31,5 Mtep en 2012). Las subvenciones, incentivos fiscales y otros apoyos públicos para ahorro y eficiencia presupuestadas por el PP ascendían a 210,5 millones anuales de euros, unos 35.000 millones de las antiguas pesetas, cantidad a todas luces insuficiente. Para el conjunto del periodo de 9 años la Estrategia preveía una inversión de 24.098 millones de euros por parte del sector privado, algo difícil de realizar, pues los fondos públicos totales presupuestados ascendían a sólo 1.895 millones de euros, 210 millones de euros por año.
En cuanto a los sumideros, con el Plan Forestal, en el mejor de los casos, se podrían ahorrar el 2,5% adicional de las emisiones actuales, y un 7,5% para el año 2030. El nuevo gobierno socialista prevé un 2%, cifra razonable y alcanzable.
Urge revisar tanto la planificación de los sectores de electricidad y gas 2002-2011 como la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética y el Plan de Fomento de las Energías renovables de 1999, y de hecho el nuevo gobierno está elaborando un Plan de Acción, encaminado a cumplir los compromisos que establece el protocolo de Kioto.
Para que el Protocolo de Kioto entre en vigor debe ser ratificado por un número suficiente de países, que en conjunto sean responsables del 55% de las emisiones de los países industrializados. Estados Unidos, con el 36,4% de las emisiones en 1990 de los países del Anexo I, es el mayor emisor. Pero a pesar de George W. Bush el Protocolo será ratificado, pues ya lo han ratificado la Unión Europea (24,0% de las emisiones en 1990 de los países del Anexo I) y Japón (8,5%), entro otros países (ya son 126, casi todo el mundo excepto EE UU y Rusia) y tras la ratificación de Rusia (17,4%) entrará en vigor en 2005.
El Plan Nacional de Asignación de Emisiones del gobierno
El PNA presentado por el gobierno es globalmente positivo, y supone la ruptura con la dinámica de aumento de las emisiones de gases de invernadero. El PNA ha contentado a casi todos. A las ONG ecologistas, porque veían en peligro el cumplimiento del Protocolo de Kioto, tras los ocho años perdidos de gobiernos del PP. Las empresas respiran aliviadas porque el Protocolo de Kioto (PK) no es tan fiero como creían, y los derechos asignados permiten una transición suave y sin traumas. Endesa, Hidrocantábrico y Unión Eléctrica Fenosa podrán seguir utilizando sus térmicas de carbón, e Iberdrola espera obtener ventajas competitivas de su mix eléctrico, poco intensivo en emisiones por kWh generado. Los sindicatos CC.OO y UGT manifiestan su alegría por un borrador que encarrila el cumplimiento del PK, sin poner en peligro el empleo en la minería de carbón, y en general los 160.000 empleos en los 5 sectores afectados por la Directiva de la Comunidad Europea.
Por supuesto que hay quien exagera, como las empresas siderúrgicas (algunas desean utilizar Kioto como excusa para deslocalizar algunas de sus actividades), el PP valenciano, lanzado a la vorágine de la oposición frontal al nuevo gobierno (las desalinizadoras previstas podrán funcionar con energía eólica), el sector cementero (el consumo actual no seguirá creciendo, porque es imposible seguir construyendo más de 700.000 viviendas anuales), las refinerías de petróleo (reclaman el 100% de lo solicitado) o el papelero, a pesar de que se le asignan un 29% más que las emisiones actuales. Para hacer una tortilla, hay que romper algún huevo.
El PNA es positivo, porque apuesta por la eficiencia energética y las energías renovables, parte de la voluntad de cumplir el Protocolo de Kioto, afecta a todos los sectores emisores (incluidos los “difusos”, como transporte y usos residenciales), implica a todos los agentes sociales (Administraciones, empresas, sindicatos y ONG) y a las diversas administraciones (diversos Ministerios, Comunidades Autónomas y Municipios), y abre un proceso participativo.
Podría ser algo mejor, pues ha asignado cantidades a todas luces excesivas al sector eléctrico, pero también mucho peor. El PNA 2005-2007 podría haber avanzado más en la reducción de emisiones, pero era difícil dada la correlación de fuerzas y la sociedad que tenemos. No concede ni autoriza el “pool” eléctrico, como desearían todas las empresas eléctricas a excepción de Iberdrola, pero tampoco refleja los intereses particulares de Iberdrola, centrados en aumentar las horas de utilización de las centrales de ciclo combinado de gas natural.
Los mecanismos de flexibilidad del PK van a jugar un papel importante (el 7% de las emisiones del periodo 2008-2012), por la dificultad de conseguir las reducciones deseadas sin afectar gravemente al empleo y a la actividad económica. El PNA hace hincapié en el MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio), dada la presencia de empresas españolas en Latinoamérica. El periodo base para el PNA son las emisiones de los años 2000, 2001 y 2002, y afecta a unas 1.100 instalaciones.
Las emisiones llegarán al 24% en el periodo 2008-2012 respecto al año base 1990 (con la salvedad de los 3 gases industriales, que parten de 1995). Ello supone una reducción del 16% respecto a las emisiones de 2003 (40%) y del 30% respecto a las emisiones tendenciales según los planes dejados por el anterior gobierno del PP. La diferencia entre ese 24% y el 15% del PK se cubre con sumideros (2%) y la adquisición de derechos en el exterior merced a los mecanismos de flexibilidad del PK (7%, 20 Mt anuales). El coste de adquirir ese 7% irá de 100 a 300 millones de euros anuales, aunque todavía es muy pronto para hacer estimaciones fiables, y dilucidar quién y cómo se va a pagar tal cantidad, por otro lado asumible. Probablemente el gobierno se hará cargo del 59,5% del coste, y el 40,5% restante correrá a cargo de las empresas de los sectores afectados por la Directiva.
Las emisiones asignadas a los sectores de la Directiva en el periodo 2005-2007 son razonables, excepto en el sector eléctrico, donde son demasiado altas, dadas las posibilidades reales de reducción con el nuevo “mix” eléctrico. Pero la explicación es obvia: mantener en actividad las centrales de carbón, tanto por razones económicas (en el caso del carbón de importación) como sociales (mantener el empleo en la minería nacional de carbón). Sin olvidar la presión de los gobiernos autonómicos donde se ubican las minas de carbón, o los sindicatos. Uno de los aspectos positivos del PNA es la promoción de la cogeneración (producción simultánea de calor y electricidad), a la que se destinan la mitad de las asignaciones para los nuevos entrantes.
Propuestas de Los Verdes-Partido Verde Europeo
Las diversas administraciones deben establecer planes claros para reducir las emisiones, incluyendo instrumentos fiscales (impuestos sobre las energías no renovables, incentivos a las renovables y a la eficiencia), supresión de las subvenciones a los combustibles fósiles y los presupuestos para llevarlos a cabo. Entre otras medidas se deben reducir los incendios forestales y la emisión de gases de invernadero, como el metano y el óxido nitroso, así como la producción y consumo de cemento, una de las principales fuentes de emisión de CO2, agravada por la especulación urbanística, el boom inmobiliario y por la construcción de autovías, carreteras y otras infraestructuras. Cada tonelada de cemento consumida causa la emisión de 800 kilogramos de CO2.
Una política de repoblaciones forestales con especies autóctonas (encinas, quejigos, alcornoques, rebollos, robles, sabinas, o hayas, según las zonas), retiraría de la atmósfera grandes cantidades de CO2, frenaría la erosión, las inundaciones y las sequías, dado el efecto esponja de los bosques. Pero los bosques y los mares, aún actuando como sumideros, son incapaces de retirar la cantidad actual de CO2 emitida anualmente, y en cualquier caso la función de los bosques no es actuar como inestables sumideros.
La reducción del consumo de carne, del empleo de fertilizantes, de las fugas de metano en la minería de carbón y en la red de gasoductos, y de la cantidad de residuos, y una política forestal que reduzca la superficie afectada por incendios forestales, permitirá cumplir los objetivos de reducción de CH4 y N2O. La fabricación de nailon y la de ácido nítrico son responsables de parte de las emisiones antropogénicas de óxido nitroso. La eliminación de los HFC no plantea ningún problema, pues hay alternativas viables.
Residuos
Las emisiones de metano son las más importantes. La reducción de la producción de residuos, la separación en origen, el reciclaje, la prohibición de la incineración, la utilización de la materia orgánica para producir compost y el aprovechamiento del metano, son algunas de las medidas de una política de residuos adaptada al cambio climático.
Política de transportes
En el 2010 el transporte supondrá cerca del 40% de las emisiones de CO2, frente al 30% actual. Las medidas de los gobiernos del PP en el sector del transporte en España han sido sólo cosméticas, pues la política real fue la de favorecer el transporte por carretera de mercancías y de viajeros y el uso del automóvil privado de gran consumo, como los todoterrenos y los monovolúmenes.
El aumento de la eficiencia en los nuevos vehículos, y algunos programas para emplear gas natural y biocombustibles como el etanol en algunos autobuses urbanos, sólo reducirán en un pequeño porcentaje el aumento previsto de las emisiones. La reducción de los consumos unitarios de los vehículos, actuando sobre ellos o sobre la forma de utilizarlos, es necesaria pero insuficiente.
Tanto o más importante es la reorientación hacia los modos más eficientes, como el ferrocarril, el transporte público y los modos no motorizados, y las actuaciones encaminadas a la gestión de la demanda y la moderación de la movilidad. Igualmente importante es el desarrollo de políticas encaminadas a traspasar mercancías de la carretera a otros modos más eficientes como el ferrocarril. Los AVE no permiten el tráfico de mercancías, aunque sus consumos específicos por viajero/km son mucho más bajos que los del avión o el automóvil privado. Hay mucha ignorancia y tergiversación sobre los AVE, y convendría dar a conocer los datos reales de consumo energético y emisiones por viajero-km, mucho más favorables al AVE de lo que se cree.
La política municipal debe ir encaminada a promover la ciudad mediterránea densa, compacta y con mezcla de actividades, y a reducir la demanda de transporte, con barrios donde viviendas, trabajo y servicios estén próximos en el espacio, aminorando la segregación espacial y social de las ciudades, y limitando el crecimiento de las grandes áreas metropolitanas totalmente congestionadas. El planeamiento urbanístico y territorial debe ir encaminado a promover la mezcla de actividades, y no la segregación, y a posibilitar la movilidad en transporte público.
El ferrocarril debería elevar su participación, hasta alcanzar el 30% del tráfico de mercancías y el 25% de viajeros antes del año 2012. Tal participación puede alcanzarse sin grandes dificultades, pero para ello se requiere una clara voluntad política, materializada en las inversiones necesarias para mejorar el conjunto de la red, la seguridad, la gestión y los servicios, elevando las tarifas en una proporción inferior al del Índice de Precios al Consumo.
Una política decidida, clara y bien estructurada, para reducir la necesidad de desplazarse, que no su posibilidad, y para orientar la demanda hacia los modos más eficientes de transporte, significaría una sensible reducción del consumo de energía, de la contaminación atmosférica y del ruido, menor ocupación de espacio, reducción del tiempo empleado en desplazarse, menor número de accidentes, inversiones más reducidas en la infraestructura viaria y una mejora general de la habitabilidad de las ciudades.
Energía
Los objetivos, a conseguir gradualmente para el horizonte del año 2012, son los siguientes:
A.-Conseguir que las emisiones de CO2 del sector energético no aumenten más del 15% para el año 2012, respecto a 1990, como primer paso para una reducción ulterior del 60% en el año 2050.
B.-Cierre paulatino de las 9 centrales nucleares existentes, al final de su vida útil, estableciendo planes de desarrollo económico que mantengan el empleo en las zonas en que se encuentran situadas.
C.-Aumento de la eficiencia energética, proporcionando mayores servicios con un menor consumo energético. El anunciado Plan de Acción del IDAE será un avance importante, que requiere el apoyo de todas las administraciones, empresas, sindicatos, ONG y la ciudadanía. El ahorro y la eficiencia energética es tarea de todos, y con tal fin es necesario aumentar la conciencia de la población mediante las adecuadas campañas de información.
D.-Desarrollo de las energías renovables, especialmente la eólica y la solar directa. Se deben alcanzar los 20.000 MW eólicos para el 2011, tal y como prevé el IDAE, y la solar en todas sus formas debe jugar un papel más importante, instalando colectores solares para agua caliente sanitaria en todos los edificios de nueva construcción, entre otras medidas.
E.-Mayor penetración del gas natural como energía de transición hacia un sistema basado en las energías renovables, aunque la proliferación de centrales de ciclo combinado debe moderarse.
F.-La reconversión del sistema energético debe servir para aumentar el nivel tecnológico, la equidad y la creación del mayor número de empleos estables. Igualmente servirá para reducir el impacto ambiental. Para ello se debe acometer paulatinamente una reforma fiscal ecológica que grave la emisión de sustancias contaminantes y/o que contribuyen al cambio climático, y que combinen el palo (impuestos, normas) con la zanahoria (subvenciones, desgravaciones fiscales). El fin es la elaboración de una propuesta de política energética alternativa a la actual, creíble, posible y necesaria.
Ahorro y eficiencia energética
Hasta la propia Agencia Internacional de la Energía, en sus informes sobre España, ha criticado los resultados y los escasos esfuerzos de los gobiernos del PP para aumentar la eficiencia energética, y para ello no hay más que analizar el escaso grado de cumplimiento del antiguo PAEE (Plan de Ahorro y Eficiencia Energética), o el texto de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética.
La eficiencia energética es la obtención de los mismos bienes y servicios energéticos, pero con mucha menos energía, con la misma o mayor calidad de vida, con menos contaminación, a un precio inferior al actual, alargando la vida de los recursos y con menos conflictos. Al requerirse menos inversiones en nuevas centrales y en aumento de la oferta, la eficiencia ayuda a reducir la deuda del sector eléctrico, el déficit público, los tipos de interés y el déficit comercial. La eficiencia energética debería incrementarse en un 2 anual.
Las tecnologías eficientes, desde ventanas aislantes o lámparas fluorescentes compactas a vehículos capaces de recorrer 100 kilómetros con tres o menos litros de gasolina, o la cogeneración, permiten ya hoy proporcionar los mismos servicios con la mitad del consumo energético, a un coste menor.
La cogeneración (producción simultánea de calor y electricidad), la mejora de los procesos y de los productos, el reciclaje y la reorientación de la producción hacia productos menos intensivos en energía, con mayor valor añadido, menos contaminantes, generadores de empleo y socialmente útiles, deben ser desarrollados. Las tecnologías hoy ya disponibles permitirán a la industria ahorrar entre el 10% y el 27% de su consumo actual de energía, según sectores, con una media del 16%.
Los ahorros posibles en los usos domésticos y en los servicios podrían reducir a la mitad los consumos, con medidas como el aislamiento térmico, electrodomésticos más eficientes y las lámparas fluorescentes compactas. El PNA destaca, con acierto, las importantes posibilidades de ahorrar energía y emisiones en los llamados sectores “difusos”, como el residencial.
Para aumentar la eficiencia es necesario que los precios energéticos comiencen a reflejar todos sus costes, lo que no sucede en la actualidad. La implantación de ecotasas, cuya recaudación se destine a mejorar la eficiencia y el empleo de energías renovables, es una necesidad acuciante. La imposición de un etiquetado energético obligatorio de los aparatos eléctricos, y la reforma de las normas de edificación para mejorar el aislamiento térmico, pueden reducir el consuno de energía en el sector residencial.
Se deben promover los programas de Gestión de la Demanda, encaminados a aumentar la eficiencia y a prestar los mismos servicios con un consumo menor, más negavatios y menos kilovatios. La Planificación Integrada de Recursos, o Planificación al Menor Coste, tiene como fin evitar el crecimiento del consumo energético al tiempo que se satisfacen los servicios que precisa la sociedad, y se debe implantar de forma real, especialmente en el sector eléctrico.
La electricidad debe ser utilizada sólo en aquellas aplicaciones en las que resulta insustituible, como la iluminación y los electrodomésticos, y en los usos térmicos se debe emplear gas natural o energía solar.
Energías renovables
El desarrollo de las energías renovables podría contribuir a la solución de muchos de los problemas ambientales, como el cambio climático. Pero para ello hace falta voluntad política y dinero.
En 1999, se aprobó el Plan de Fomento de las Energías Renovables en España, donde se establecían los objetivos para el año 2010. Dado el desarrollo actual y las políticas del PP, el Plan difícilmente se cumplirá. Las energías renovables en el año 2002 representaron el 5,3% del consumo de energía primaria (7.047 ktep (ktep=mil toneladas equivalentes de petróleo) sobre un total de 132.159 ktep), cifra muy alejada de las 20.159 ktep en el año 2010 (12% del consumo de energía primaria) previstas en el documento del Gobierno Planificación de los sectores de electricidad y gas 2002-2011. El Plan de Fomento y la Directiva 2001/77/CE de promoción de la electricidad renovable prevén producir el 29,4% del total en el año 2010 con renovables.
El plan del Gobierno prevé producir 180 ktep de solar termoeléctrica en 2010, con una potencia instalada de sólo 200 megavatios y una producción de 458,9 GWh/año. Los precios actuales de los colectores solares planos en España son superiores a los de otras fuentes competitivas. Claro que estos costes no toman en consideración los problemas ambientales, la dependencia energética y la necesidad de ir sustituyendo paulatinamente los combustibles fósiles por energías renovables.
Los objetivos del Plan del Gobierno son llegar a 336 ktep en 2010, instalando un total de 4.500.000 metros cuadrados adicionales. Entre 1998 y 2002 sólo se instalaron 173.000 metros cuadrados, a una media anual de menos de 43.000 metros cuadrados, frente a los 375.000 metros cuadrados anuales previstos en el Plan del Gobierno del PP, o los 900.000 metros cuadrados instalados en Alemania en el año 2001. Al ritmo actual los objetivos para el año 2010 sólo se alcanzarían en el año 2110, un siglo después. Para el año 2010, según el Gobierno, debería haber 4.841.000 metros cuadrados. A 31 de diciembre de 2002 sólo teníamos 522.561 metros cuadrados (40,3 ktep). En Alemania, con mucho menos sol y menos superficie, ¡tenían 3.365.000 metros cuadrados en 2001! En Grecia había 2.460.000 metros cuadrados y en Austria 2.170.000.
Las nuevas normativas municipales que están aplicando algunos ayuntamientos y que obligan a instalar colectores solares en todas las viviendas de nueva construcción o grandes rehabilitaciones, permitirán relanzar un mercado con enorme futuro. El Ministerio de Medio Ambiente del nuevo gobierno va a firmar un convenio con la FEMP, para desarrollar la energía solar térmica, que sin duda será un paso importante.
El objetivo del Gobierno era tener instalados 143,7 MWp (megavatios pico) de energía solar fotovoltaica en el año 2010, de ellos 135 MWp nuevos, de los que 61 MWp deberían instalarse antes de 2006 (el 15% en instalaciones aisladas y el 85% en instalaciones conectadas a la red). Entre 1998 y 2002 se instalaron sólo 11,7 MWp. Al ritmo actual los objetivos del Plan para el año 2010 se alcanzarán en el año 2056. Mientras, en Alemania tenían 87,5 MWp en 2001 (siete veces más que en España), gracias al programa 100.000 tejados solares, que prevé instalar 300 MWp entre 1999 y 2004. Incluso Holanda, con poco sol y superficie, tenía más potencia instalada (12,2 MWp en 2001). El precio del kWh fotovoltaico, con las primas, asciende a 0,397 euros (máximo) y a 0,217 euros (mínimo), frente a 0,72 y 0,35 en Austria, 0,48 en Alemania y 0,39 y 0,23 en Portugal. En España se fabricaron 50,85 MWp en el año 2002 (el 36% de la producción europea), destinados en casi un 90% a la exportación. Los dos mayores fabricantes son Isofotón y BP Solar, aunque en el sector operan 182 empresas, que emplean a más de 4.000 personas. Los precios de los módulos fotovoltaicos se han reducido mucho, desde 7,76 euros/Wp en 1990 a 3,3 euros/Wp en 2000.
En España, con una radiación solar diaria superior en la casi totalidad del territorio a 4 kWh por metro cuadrado, el potencial es inmenso. Sólo en los tejados de las viviendas españolas se podrían producir anualmente 180 TWh. Un objetivo viable sería llegar a producir 1,3 TWh fotovoltaicos en el año 2011, fecha a partir de la cual la fotovoltaica debería experimentar un rápido desarrollo, para alcanzar los 32,5 TWh en el año 2030. De alcanzarse tales cifras dejarían de emitirse a la atmósfera en el año 2030 un total de 34 millones de toneladas de CO2, siempre que la fotovoltaica sustituya al carbón en la generación eléctrica. Para alcanzar tales objetivos se requerirán unas inversiones importantes, pero posibles: unos 80 millones de euros anuales, al objeto de superar las actuales barreras tecnológicas y de economías de escala. En el mundo, según el informe “Solar Generation” de la Asociación de la Industria Fotovoltaica Europea y Greenpeace, se debería llegar a 276 TWh en el año 2020, con unas inversiones anuales de 75.000 millones de euros.
Las centrales hidroeléctricas en sí mismas no son contaminantes; sin embargo, su construcción produce numerosas alteraciones del territorio y de la fauna y flora: dificulta la migración de peces, la navegación fluvial y el transporte de elementos nutritivos aguas abajo, provoca una disminución del caudal del río, modifica el nivel de las capas freáticas, la composición del agua embalsada y el microclima, y origina el sumergimiento de tierras cultivables y el desplazamiento forzado de los habitantes de las zonas anegadas. En la mayoría de los casos es la forma más barata de producir electricidad, aunque los costes ambientales no han sido seriamente considerados.
En España, el potencial adicional técnicamente desarrollable podría duplicar la producción actual, alcanzando los 65 TWh anuales, aunque los costes ambientales y sociales serían desproporcionados. Las minicentrales hidroeléctricas causan menos daños que los grandes proyectos, y podrían proporcionar electricidad a amplias zonas que carecen de ella.
La rehabilitación de las minicentrales cerradas, la mejora de las existentes y aprovechamiento hidroeléctrico de los embalses que carecen de él, permitirían incrementar la producción anual en 6 ó 7 TWh en España, sin ningún impacto ambiental adicional, hasta alcanzar los 40 TWh en un año medio (ni muy seco ni especialmente lluvioso).
El Plan de Fomento de 1999 fijaba como objetivo 720 nuevos MW, hasta alcanzar los 2.230 MW. Entre 1998 y 2002 se han puesto en funcionamiento 145,6 MW, por lo que al ritmo actual no se alcanzará el objetivo, a causa sobre todo de las barreras administrativas y el impacto ambiental. En el año 2002 la potencia de las centrales hidráulicas con menos de 10 MW ascendió a 1.668,9 MW y la producción llegó a 4.075 GWh, y en la gran hidráulica la potencia fue de 16.409 MW y la producción fue de 22.312 GWh en 2002 y 38.991 GWh en 2001, datos que muestran la enorme variación de un año a otro. Hay que recordar que el año 2001 fue excepcional, pues llovió mucho más de lo usual, y el año 2002 fue más seco de lo normal.
En 2004 ya es competitiva la producción de electricidad con generadores eólicos de tamaño medio (de 750 a 2.000 kW) y en lugares donde la velocidad media del viento supera los 4 metros por segundo. Se espera que dentro de unos pocos años también las máquinas grandes (entre 3 y 5 MW) lleguen a ser rentables. La energía eólica no contamina y su impacto ambiental es muy pequeño comparado con otras fuentes energéticas. De ahí la necesidad de acelerar su implantación en todas las localizaciones favorables, aunque procurando reducir las posibles repercusiones negativas, especialmente en las aves y en el paisaje, en algunas localizaciones.
En 2003 ya había instalados 6.200 MW eólicos. El precio del kWh en España era de 0,0628 euros en el sistema de precios fijo o de 0,066 del pool más incentivo (0,037 del llamado precio pool y 0,0289 de compensaciones), frente a los 0,09 de Alemania, y es uno de los más bajos de la Unión Europea, pero el sistema de apoyo al precio ha demostrado su eficacia en Alemania, España y Dinamarca. En 2011 se debería llegar a 20.000 MW eólicos, y en 2020 a 50.000 MW (de hecho Red Eléctrica Española tiene solicitudes de otros 51.000 MW eólicos adicionales, por lo que alcanzar tal objetivo es totalmente viable).
El importe total de los incentivos a la producción de electricidad con renovables ascendió a sólo 240 millones de euros en el año 2001 (el 1,7% de la facturación del sistema eléctrico), una ínfima parte de lo que nos costará la compra de derechos de emisión. Desde 1996 a 2002 el precio de la tarifa eólica para los productores acogidos al Real Decreto 2366/94 ha bajado un 36,94%.
Los costes de la eólica son ya competitivos con los de las energías convencionales: unos 900 euros el KW instalado. Cada kWh eólico permitiría ahorrar un kilogramo de CO2, entre otras sustancias contaminantes.
Los países con mayores recursos geotérmicos, en orden de importancia, son China, Estados Unidos, Canadá, Indonesia, Perú y México. El potencial geotérmico español es de 600 ktep anuales, según una estimación muy conservadora del Instituto Geológico y Minero de España. Para el año 2010 se pretende llegar a las 150 Ktep (6,3 PJ). Los usos serían calefacción, agua caliente sanitaria e invernaderos, no contemplándose la producción de electricidad.
En España actualmente el potencial energético de los residuos asciende a 25,7 Mtep, para una cantidad que en toneladas físicas supera los 180 millones: 12,5 millones de toneladas de Residuos Sólidos Urbanos con un potencial de 1,7 Mtep, 10 millones de toneladas de lodos de depuradoras, 13,8 millones de t de residuos industriales (2,5 Mtep), 17 Mt de residuos forestales (8,1 Mtep), 35 Mt de residuos agrícolas (12,1 Mtep), 30 Mt de mataderos y 62 Mt de residuos ganaderos (1,2 Mtep). El reciclaje y la reutilización de los residuos permitirán mejorar el medio ambiente, ahorrando importantes cantidades de energía y de materias primas, a la vez que se trata de suprimir la generación de residuos tóxicos y de reducir los envases. La incineración no es deseable, dadas sus repercusiones sobre la diversidad biológica, los suelos y el ciclo hidrológico.
El Plan de Fomento de las Energías Renovables en España prevé que la biomasa llegue a 10.295 ktep. En el año 2002 la biomasa para usos térmicos ascendió 3.383,4 ktep, más 121 ktep de biocarburantes y 31 ktep de biogás, y para usos eléctricos a 925,9 GWh (137,2 GWh proceden del biogás), con un incremento pequeño respecto al año anterior. Y las perspectivas no son mucho mejores.
En ninguno de los subsectores de la biomasa lleva camino de cumplirse en Plan de Fomento (eléctrico, usos técnicos, biocarburantes). Para ello sería necesario un aumento de la prima para el kWh de biomasa y un apoyo activo y coordinado de las diferentes instancias administrativas (agricultura, energía, forestal, medio ambiente) que impulse y garantice la recogida de residuos de biomasa, los cultivos energéticos y las plantas e instalaciones para su aprovechamiento.
La producción de hidrógeno es un proceso aún muy costoso e inmaduro tecnológicamente y cuya viabilidad económica es necesario demostrar, lo que requerirá enormes inversiones en investigación. Si algún día se llega a producir hidrógeno comercialmente, a precios competitivos, y a partir de dos factores tan abundantes como son el agua y la energía solar, los problemas energéticos y ambientales quedarían resueltos, pues el hidrógeno, a diferencia de otros combustibles, no es contaminante. En cualquier caso en las próximas décadas entraremos en una economía basada en el hidrógeno como combustible secundario o vector energético. El hidrógeno servirá para almacenar la energía solar y eólica cuando no haya sol o no sople el viento, y alimentará a las pilas de combustible hoy en desarrollo, y que en un futuro no muy lejano puede llegar a ser una importante fuente de producción descentralizada de electricidad a pequeña escala, sin apenas impactos ambientales. Las pilas de combustible también sustituirán a los motores de combustión interna de los automóviles.
FUENTE:JOSÉ SANTAMARTA
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Es la semana de cine ecológico más veterana de España y llega este año a su vigésima edición. Desde hoy y durante toda esta semana, el Teatro Caja de Ávila acogerá las diferentes proyecciones que ha recopilado para la ocasión el Colectivo Cantueso, organizador del evento.