LOS VERDES SOLICITAN LA ELABORACIÓN DE UN DECRETO QUE OBLIGUE A LOS POLITICOS A DECLARAR SU PATRIMONIO

Es evidente que las encuestas de opinión, cuando se les pregunta a los ciudadanos por la valoración que se hace de los políticos, las respuestas no suelen ser demasiado favorables hacia sus personas y su dedicación. Si a ello añadimos los procesamientos judiciales abiertos contra políticos, que en el ejercicio de su cargo, han corrompido la vida política, asistimos, en definitiva a una degradación de la clase política, que puede tener consecuencias significativas en las próximas elecciones.

La dedicación a la política mueve intereses diversos, y desgraciadamente, el altruismo no es el principal. En Canarias son muchos los políticos que han convertido su participación en la vida política en su única profesión, casi de por vida. En la medida que la remuneración de muchos políticos ha venido condicionada por el cargo que ejerce, la cuestión económica en el ámbito personal y del partido político se ha convertido en un factor que afecta a la capacidad de decidir, actuar y administrar, y lo que también es importante, a la percepción de la política y los políticos.

Para LOS VERDES es necesario replantearse en profundidad el papel que juega el dinero en los procesos políticos. La financiación de los partidos políticos, por ejemplo, es un ejemplo más de las corruptelas a las que se presta. Deberían todos los partidos disponer de igualdad de oportunidades. Un sistema que ha provocado que muchos políticos se hayan enriquecido con la política no funciona y no sirve.

La corrupción política existe y perseguirla es un objetivo, no solo judicial, sino también político. Según los estudios de las instituciones que tratan de luchar contra la corrupción, la mayoría de los casos se producen alrededor de las campañas electorales, la financiación de los partidos y el enriquecimiento personal de quien distribuye recursos. Estos organismos establecen dos formas de afrontarla: la prevención y la represión. La represión exige un esfuerzo externo que no alcanza grandes resultados. Por ello, apuestan por la educación, la formación, la sensibilización, la investigación y la transparencia como medios mucho más eficaces.

Incentivar la honestidad es la mejor forma de luchar contra el deseo de apropiarse de lo ajeno, de cobrar comisiones u ofrecer sobornos, de encontrar la formula para que aquel cuyo verdadero motivo no sea el dedicarse a representar a otros para mejorar sus condiciones de vida, no le sea rentable entrar en política o quedarse en ella. Procurar la transparencia en todos los procesos políticos es lo que puede acabar con el entorno más oscuro donde se alojan los intereses más alejados de lo que es en esencia el servir a unas ideas y a un pueblo.

Por ello, LOS VERDES van a solicitar a los distintos grupos políticos del Parlamento, y al Gobierno canario, que establezca mediante decreto la obligatoriedad de declarar el patrimonio de un alto cargo, antes de la toma del cargo y tras su salida, como un indicador de transparencia, donde lo trascendental no es si el afectado miente o no, si se refleja o no su realidad patrimonial y la de su entorno más próximo. Este decreto, lo que verdaderamente debe implantar es el ajustar barreras y “semáforos en rojo” para aquellos que sueñen con dedicarse a la política con el fin de garantizarse unas rentas y un patrimonio. Con una declaración patrimonial se sabe cuales son: el punto de partida, económicamente hablando, y de llegada. Será un elemento persuasivo para espantar y ahuyentar a los que nunca debieron gozar de la confianza de los ciudadanos.

Quien accede a política ha de corresponsabilizarse con sus representados y hacer público su patrimonio. Este decreto deberá aplicarse, no solo a los altos cargos de la administración autonómica, sino a todos los políticos que representen al pueblo, y a todos los que tengan capacidad de tomar decisiones políticas, incluso dentro de los propios partidos políticos. La corrupción se ha convertido en una seria amenaza que atenta contra los principios y valores democráticos, afecta a la confianza de los ciudadanos en la democracia y daña el concepto de legalidad poniendo en peligro el progreso social, económico y político de un pueblo.

LOS VERDES se comprometen a presentar una propuesta escrita de decreto, para que pueda ser debatida y asumida por los grupos políticos representados en el Parlamento.