ESPAÑA, UN CORTIJO .TERRATENIENTES COPAN LAS AYUDAS DE LA PAC.
18 ganaderos en Extremadura cobran las mismas ayudas que 64.000. A nivel estatal, 126 españoles reciben cada año lo mismo que ingresan en conjunto otros 480.000.
El 1,13% de los que recibieron ayudas directas comunitarias por la Política Agrícola Común (PAC) percibieron en 2003 el 25,06% de los pagos, según los datos elaborados por el Ministerio de Agricultura. Por el contrario, el
78,7% de los perceptores cobraron solamente el 18,19% de las ayudas.
Para la ministra de Agricultura, estos datos reflejan la necesidad de poner en marcha una política de distribución de las ayudas directas para pagos adicionales en beneficio de los agricultores más pequeños y de las zonas menos favorecidas.
Si se desglosa el informe por comunidades autónomas, destacan las desigualdades de Andalucía y Extremadura. En Extremadura, 64.000 perceptores cobran el 17% de las ayudas, lo mismo que sólo 18 ganaderos. Entre otros muchos, se hallan nombres como Vicente Sánchez Tabaco, Enrique Falcó, herederos de Alvaro Simón, Duquesa de Alba o Micaela Domeq, mujer de Miguel Arias Cañete, el que fuera ministro de Agricultura con el PP.
Común denominador en todos los casos es la petición cada vez más de ayudas por sociedades empresariales y no por personas individuales. Los datos reflejan la existencia de sólo varios cientos de grandes propietarios que concentran elevadas ayudas, según denuncia UPA, en muchos casos, como domicilios fiscales en Madrid y no en las zonas de cultivo. Para el sindicato,estas ayudas no repercuten directamente sobre las zonas de las producciones que las generan, algo que se debería corregir.
La Política Agraria Común concentra las ayudas en las compañías y terratenientes más ricos de Europa. Entre los perdedores están las explotaciones familiares que sostienen el medio rural, y millones de campesinos en los países pobres que padecen la competencia desleal de la UE.
Para España, esta injusticia no sólo impide al Gobierno cumplir sus compromisos en materia de desarrollo, sino que amenaza el futuro del campo a largo plazo. No se trata de reducir las ayudas, sino de orientarlas al
verdadero interés público. El año 2005 ofrece la oportunidad de cambiar esta situación.
Parte del descrédito de las ayudas a la agricultura procede de las insolidarias presiones para reducir el gasto público y el presupuesto comunitario. Pero sólo parte. Pese a la retórica oficial sobre el
modelo social de la agricultura europea, la realidad muestra un sistema multidisfuncional.
La millonarias ayudas de la PAC sostienen un modelo de producción intensiva que premia al que más tiene y provoca importantes distorsiones en mercados internacionales, a menudo a costa de los países en desarrollo.
La solución no está en reducir el presupuesto de la PAC, sino en reformar sus políticas para que sean mpatibles con el interés público y los compromisos europeos en materia de desarrollo. España que no es un exportador grario importante y cuya agricultura está basada en las explotaciones familiares- corre el riesgo de pagar las consecuencias del ajuste, sin haber sido el causante de los problemas que lo provocaron.
El 1,13% de los que recibieron ayudas directas comunitarias por la Política Agrícola Común (PAC) percibieron en 2003 el 25,06% de los pagos, según los datos elaborados por el Ministerio de Agricultura. Por el contrario, el
78,7% de los perceptores cobraron solamente el 18,19% de las ayudas.
Para la ministra de Agricultura, estos datos reflejan la necesidad de poner en marcha una política de distribución de las ayudas directas para pagos adicionales en beneficio de los agricultores más pequeños y de las zonas menos favorecidas.
Si se desglosa el informe por comunidades autónomas, destacan las desigualdades de Andalucía y Extremadura. En Extremadura, 64.000 perceptores cobran el 17% de las ayudas, lo mismo que sólo 18 ganaderos. Entre otros muchos, se hallan nombres como Vicente Sánchez Tabaco, Enrique Falcó, herederos de Alvaro Simón, Duquesa de Alba o Micaela Domeq, mujer de Miguel Arias Cañete, el que fuera ministro de Agricultura con el PP.
Común denominador en todos los casos es la petición cada vez más de ayudas por sociedades empresariales y no por personas individuales. Los datos reflejan la existencia de sólo varios cientos de grandes propietarios que concentran elevadas ayudas, según denuncia UPA, en muchos casos, como domicilios fiscales en Madrid y no en las zonas de cultivo. Para el sindicato,estas ayudas no repercuten directamente sobre las zonas de las producciones que las generan, algo que se debería corregir.
La Política Agraria Común concentra las ayudas en las compañías y terratenientes más ricos de Europa. Entre los perdedores están las explotaciones familiares que sostienen el medio rural, y millones de campesinos en los países pobres que padecen la competencia desleal de la UE.
Para España, esta injusticia no sólo impide al Gobierno cumplir sus compromisos en materia de desarrollo, sino que amenaza el futuro del campo a largo plazo. No se trata de reducir las ayudas, sino de orientarlas al
verdadero interés público. El año 2005 ofrece la oportunidad de cambiar esta situación.
Parte del descrédito de las ayudas a la agricultura procede de las insolidarias presiones para reducir el gasto público y el presupuesto comunitario. Pero sólo parte. Pese a la retórica oficial sobre el
modelo social de la agricultura europea, la realidad muestra un sistema multidisfuncional.
La millonarias ayudas de la PAC sostienen un modelo de producción intensiva que premia al que más tiene y provoca importantes distorsiones en mercados internacionales, a menudo a costa de los países en desarrollo.
La solución no está en reducir el presupuesto de la PAC, sino en reformar sus políticas para que sean mpatibles con el interés público y los compromisos europeos en materia de desarrollo. España que no es un exportador grario importante y cuya agricultura está basada en las explotaciones familiares- corre el riesgo de pagar las consecuencias del ajuste, sin haber sido el causante de los problemas que lo provocaron.
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