PROGRAMA MARCO ELECTORAL, ELECCIONES MUNICIPALES 2007
SUMARIO
1.2 Accesibilidad, movilidad y transporte sostenibles 1.3 Hacia una revolución energética local 1.4 Hacia una nueva cultura local del agua 1.5 Gestión sostenible del territorio y de los recursos naturales 1.6 La gestión integral de los residuos: minimizar, reciclar, cerrar las incineradoras 1.7 Salud medioambiental y calidad de vida 1.8 Protección de los derechos de los animales y del bienestar animal
2. Hacia la conversión ecológica de la economía local
2.2 Fiscalidad ecológica 2.3 Finanzas locales social y ambientalmente sostenibles 2.4 Empresas medioambiente y socialmente responsables 2.5 Del turismo de masa al ecoturismo solidario
3. El municipio, actor de la solidaridad y de los derechos para Tod@s
3.2 Sociedad plural, integración e interculturalidad 3.3 Derecho universal de ciudadanía (ciudadanos y ciudadanas de Europa y del Mundo) 3.4 Por una solidaridad Norte-Sur
4. Hacia la democracia participativa, transparencia e información
4.2 Reforma de los gobiernos locales 4.3 Convivencia, justicia de proximidad y resolución pacífica de los conflictos 4.4 El municipio como núcleo de la sociedad de la información 4.5 Medios de comunicación públicos plurales e independientes
1.1 Hacia eco-municipios y un desarrollo urbano sostenible El modelo vigente de diseño urbanístico, en lo relativo a algo tan central como los usos del territorio, debe sustituirse: hay que pasar del modelo tecnocrático y desarrollistas a un modelo sostenible y democrático, que invite a las y los ciudadanos a responsabilizarse del diseño del municipio. El eco-municipio tiene que ser un lugar agradable donde vivir, un espacio donde crecer y participar. Más que en grandes obras hay que pensar en un gran proyecto de sostenibilidad urbana, sin distinción y con justicia entre barrios. Un pueblo sostenible es aquél que hace un uso racional del suelo y de la energía, que emplea tecnologías limpias y estructuras no agresivas. La mayoría de las siguientes propuestas, además de contribuir a la conservación de los recursos naturales, supondrán una racionalización del gasto público y una fuente de generación de empleo. a) Los planes de urbanismo deben incorporar y potenciar en su contenido las ventajas ecológicas de las ciudades y el paisaje como elementos base de la planificación urbanística y de su propia diversidad. - Diseño urbano para conseguir ciudades diversas en función de sus condiciones físicas. Los planes de urbanismo deben ordenar las ciudades en función de las condiciones físicas del lugar: Para ello deben proceder a combinar la zonificación (los elementos en función de las condiciones de uso y edificación) y la estructura urbana (los elementos de relación y de infraestructura de los servicios generales). - Diseño urbano para la integración de funciones y actividades en la ciudad. Los planes de urbanismo deben permitir una ordenación urbanística mixta, no segregada entre las diversas zonas urbanas y respondiendo al principio de la diversidad urbana. Porque una ciudad más integrada, mixta, y no segregada espacialmente es una ciudad más sostenible y igualitaria. Permite un mejor, fácil y más cómodo desarrollo de las funciones humanas sobre el espacio. - Diseño urbano para reducir la necesidad de transporte. Incluir en el planeamiento urbanístico las necesidades de transporte, lo que implica definir la relación entre superficie total y densidad zonal, distancias máximas y forma urbana global, zonificación de los usos y los medios de transporte. El objetivo es reducir los costes de transporte, las tasas de los desplazamientos individuales y los movimientos obligados de las personas, entre residencia, trabajo y lugares de ocio - Diseño urbano para ciudades sostenibles en los flujos de recursos. Desde el planeamiento urbanístico hay que promover ciclos cerrados y sostenibles en la gestión de los residuos (tratando en primer término de reducirlos), el uso de materiales y recursos locales, la satisfacción de las necesidades energéticas posibilitando el ahorro y la eficiencia, y la promoviendo las energías renovables, así como la utilización siempre que sea posible de recursos no contaminantes o, al menos, reutilizables y reciclables. b) Establecer en el planeamiento urbanístico un solo tipo de suelo urbanizable para evitar expectativas y tensiones especulativas. c) Aprobación del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) orientándolo a la calidad y equilibrio urbanísticos y a la creación y calificación del suelo para VPO (viviendas de protección oficial) en función de las necesidades sociales y no de las constructoras. Limitar en el planeamiento y la ejecución urbanísticas el uso de las diversa figuras de alteración y modificación a posteriori de los PGOU, sometiéndolas en su caso a control ciudadano y evaluación ambiental. d) Reglamentar la Evaluación Estratégica Ambiental de los proyectos urbanísticos municipales y provinciales, haciéndolo obligatorio en cualquier modificación sustancial del PGOU y de las Normas Subsidarias. / Entre las nuevas atribuciones de la Concejalía de Medioambiente/Sostenibilidad estará la de emitir informes obligatorios de Evaluación Ambiental Previa para todas las actuaciones que, aun siendo competencia de otras áreas, sean susceptibles de producir impacto ambiental (control de ruidos, infraestructuras, urbanismo, instalación de antenas de telefonía móvil, etc.). En los proyectos de carácter general y en las actuaciones más relevantes el informe será encargado a organismos y profesionales independientes. e) Eliminar todas las construcciones establecidas en el espacio del dominio público hidráulico y de influencia directa de los cauces. Limitar las plantaciones de césped y de otras especies altamente consumidoras de agua. Uso de agua no potable para el riego y limpieza. f) Instalación de energía solar térmica en los edificios de uso público y en las viviendas de nueva construcción. Programa de implantación progresiva de la energía solar fotovoltaica. g) Eliminación progresiva de los materiales de PVC en las construcciones municipales, por su fuerte impacto ambiental. h) Eliminación total de las barreras arquitectónicas y adaptación del mobiliario urbano a las necesidades de las personas con problemas de movilidad. i) Estricto control de las infracciones urbanísticas. j) Planificación urbanística que tenga en cuenta los valores estéticos del paisaje urbano, que reduzca la necesidad de transporte y que integre diversos usos en un mismo espacio, evitando así la segregación en función de éstos y los desequilibrios entre las distintas zonas.
a) Desarrollo de Agendas Locales 21 en todos los municipios, así como en entidades supramunicipales, impulsadas y coordinadas por las y los concejales y agencias de sostenibilidad. b) Apoyo y adhesión a la Campaña Europea de Ciudades y Municipios Sostenibles. c) Realizar auditorías ambientales de todos los edificios e instalaciones de propiedad o gestión municipal. d) Incluir la Evaluación Estratégica Ambiental a la hora de valorar los principales proyectos municipales.
1.2 Accesibilidad, movilidad y transporte sostenibles Pacificar el tráfico en los municipios, para pasar de la ciudad de los automóviles a la ciudad del peatón debe ser uno de los objetivos principales de la política municipal en el siglo XXI. Queremos crear PROXIMIDAD: entre la vivienda y el trabajo, entre las escuelas y las casas, entre las tiendas y el esparcimiento, y también crear ACCESIBILIDAD sobre movilidad. Hace falta cambiar radicalmente el tránsito motorizado por el no motorizado (bicicletas) y devolver el protagonismo a las personas viandantes. La movilidad en las ciudades debe garantizarse a todas y todos, en especial a los sectores con mayores dificultades, la necesidad de transporte se responderá de la forma más sostenible y segura y se abordará de forma integral el principal problema con el que nos enfrentamos en el transporte urbano: el de las áreas metropolitanas. a) Una vinculación absoluta entre los planeamientos urbanísticos y de movilidad, cumpliendo los preceptos básicos de la CARTA EUROPEA de los DERECHOS VIANDANTES. A medio plazo, devolverle el 70% del espacio de las calles a las bicis, viandantes, a los niños y a las personas mayores al esparcimiento y a la naturaleza: • conseguir la reducción de la velocidad de los vehículos motorizados • generalizar otras medidas estructurales como la sinuosidad de los trayectos hasta la interposición de ciertos tropiezos u obstáculos (elevación de pasos viandantes) b) Elaborar planes municipales, metropolitanos, comarcales y provinciales de movilidad y transporte sostenible y seguro, con los siguientes objetivos: • Reducir un 20% la utilización de vehículos privados dentro de las ciudades. • Aumentar en un 30 % el uso del transporte público urbano y limpio dentro de las ciudades. • Peatonalizar al 100% los cascos históricos de las ciudades de más de 50.000 habitantes. • Modificar la actual tasa intermodal de transporte en las áreas metropolitanas hasta alcanzar un 15 % para el ferrocarril. • Reducir la siniestralidad en accidentes de tráficos urbano en un 50 %. • Alcanzar el 50 % de uso de fuentes energéticas renovables o no contaminantes en el transporte público. • Incrementar en un 50% los desplazamientos no motorizados (peatones, bicicletas y otros medios de transporte alternativos). • El desarrollo y seguimiento de este plan, así como su evaluación, además de ser llevado a cabo por la concejalía correspondiente, debe contar en los aspectos más ejecutivos, con un Instituto municipal de movilidad y transporte sostenible y seguro.
• Donde no existe, introducción de sistemas tarifarios de billete único. • Introducción de sistemas de automóviles de uso o propiedad compartida que conecten por ej. zonas residenciales con el centro urbano o fomentar los aparcamientos disuasorios. • Fomentar el uso combinado de la bici (con posibilidad de alquilar bicis públicas) y del transporte público –especialmente el ferrocarril–, y favorecer el acceso y el aparcamiento en las estaciones y a la puerta de los edificios públicos.
e) Adoptar medidas que favorezcan la movilidad de los sectores sociales con mayores dificultades de desplazamiento: mayores, personas discapacitadas, niñas y niños... Transporte gratuito para pensionistas, parados y otros colectivos sociales desfavorecidos. f) Medidas para incentivar el transporte público colectivo: campañas informativas, mejora de líneas, prioridad de tráfico, etc. g) Diseñar de acuerdo con los usuarios, y construcción de una red de carriles-bici en los municipios, que conviertan a la bicicleta en una alternativa real de movilidad. • Hacer una red de carriles y pistas para bicis, tanto en las vías públicas urbanas, como las interurbanas, que conecten cualquier punto con los otros. • Que los carriles bici proporcionen unos recorridos protegidos y seguros para cualquier desplazamiento, en general, y para los que deben hacer los niños y jóvenes en particular, desde su casa al colegio o al instituto. • Incentivar el uso de la bici, con campañas de educación ambiental en las escuelas, y otras actividades, como: la celebración de la semana de la bici, de la semana sin coches, etc. • Extender el derecho de admisión de la bicicleta en el transporte público. • Dar prioridad desde los Ayuntamientos al uso de la bicicleta, en los desplazamientos que realice la policía municipal.
i) Desarrollar de manera permanente una campaña de información y concienciación ciudadana destinada a la reducción del uso del transporte privado y motorizado, que incluya la participación de los municipios en iniciativas como la semana europea de la movilidad y el día europeo sin coche. j) Apoyar mediante exenciones fiscales un uso más racional y reducido de los vehículos, así como a los propietarios de vehículos que utilicen la mejor tecnología y resulten más eficientes y menos contaminantes. k) Racionalización del tráfico y campaña permanente de concienciación ciudadana destinada a la reducción del uso del transporte privado motorizado. Impulso de un pacto social por la movilidad urbana sostenible. l) Incentivar la ecomovilidad grabando la utilización del viario urbano y metropolitano (peaje urbano y tasa anual por matrícula); aumentar las matrículas para coches potentes en las áreas urbanas; imposición de multas al incumplimiento de las normativas, etc. m) Imponer la práctica de “ pactos locales para la movilidad ”, entendidos como un compromiso mutuo entre las autoridades locales y todos los agentes afectados: entidades y colectivos ciudadanos, partidos políticos, consejos de participación, empresas de transporte público, ciudadanía a título individual, etc. Fijar una serie de líneas de actuación de las administraciones en programas e inversiones concretas de carácter plurianual, y establecer objetivos cuantificables e indicadores para hacer el seguimiento y contrastar la eficacia. 1.3 Hacia una revolución energética local Frente al doble desafío del cambio climático y del fin del petróleo, el modelo energético actual devora recursos escasos y es agresivo con el medio ambiente. Y es que las ciudades son receptoras netas de flujos energéticos, lo que genera un impacto ambiental en la zona donde se produce la energía que es consumida en aquellas, a lo que se suma el impacto ambiental producido por el transporte de dicha energía. Para reducir estos impactos e incrementar las tasas de producción energética autóctona de las ciudades se propone definir planes municipales y provinciales de fomento del ahorro y la eficiencia energética y de las energías renovables, que desarrollen los siguientes aspectos: a) La energía más barata y más limpia es la que no se consume; es necesaria y viable una reducción del consumo del 20% para el 2010: actuando sobre el consumo público, realizando campañas de sensibilización de la ciudadanía, promoviendo una arquitectura eficiente energéticamente (ver hacia un eco-pueblo: orientación, captación solar pasiva, aislamiento..): • Obligatoriedad de uso de criterios de construcción bioclimáticos en las nuevas construcciones en el municipio y aplicación de los principios de la eficiencia energética en el ámbito de la administración local • Obligatoriedad de instalar paneles solares para agua caliente sanitaria en todos los edificios de nueva construcción en el municipio. • Obligatoriedad de realizar auditorias energéticas a todas las nuevas construcciones. • Apoyo a su implantación y difusión social; Información y sensibilización.
• Reducir en un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero en actividades o instalaciones municipales. • Crecimiento cero, y ahorro del 15% del consumo final de energía de las instalaciones municipales en ciudades con más de 50.000 habitantes. • El 15% del total del consumo de energía de las ciudades de mas de 50.000 habitantes debe ser generada por energías renovables. • Al menos un 20 % del total de la energía consumida por actividades e instalaciones municipales debe provenir de fuentes renovables, o no contaminantes. • Incentivar económicamente la estimulación de la eficiencia energética, tanto en las viviendas de nueva o antigua creación, como en las empresas que se ubican en cada término municipal
d) Mejorar el rendimiento energético de los procesos industriales, internalizando el coste real de las actuales fuentes de energía; e) Fomentar la cogeneración de calor y electricidad y recuperación del calor residual industrial; generalizar la recuperación de aceites domésticos f) Apoyo a la investigación a pequeña escala y a los proyectos de demostración. g) Aplicación de un sistema tarifario justo basado en el principio de “MUNICIPIO DE EFICIENCIA TERMODINÁMICA”, por delante de los principios de rentabilidad.
1.4 Hacia una nueva cultura local del agua El abastecimiento del agua, el saneamiento o depuración de las aguas residuales y el tratamiento de los residuos son servicios esenciales de los gobiernos locales atribuidos por los artículos 26 y 86.3 de la Ley de Bases de Régimen Local. El agua es un recurso natural imprescindible para garantizar la vida en cualquier ecosistema, necesario para la calidad de vida de las personas y la actividad económica de cualquier comunidad humana. En un municipio sostenible debe promoverse una nueva cultura del agua, que no sólo promueva el ahorro y la eficiencia, sino que corrija la equivocada percepción social de los problemas relacionados con la gestión del agua. Dicha percepción es la que ha permitido la realización del aberrante Plan Hidrológico Nacional, y que reduce la cuestión a supuestos déficit, cuando los problemas reales están relacionados más bien con la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, la sobreexplotación, los usos inadecuados y la colonización absoluta del medio natural para la captación de agua para fines económicos, colapsando los sistemas hídricos que constituyen el sustrato de todos los ecosistemas. • Ordenanzas municipales de ahorro y eficiencia en el sistema de abastecimiento y consumo de agua, con los siguientes objetivos: - Reducir en un 20% el consumo de agua de los municipios de más de 50.000 habitantes, y en los municipios del litoral. - Alcanzar en los municipios de más de 20.000 habitantes la depuración terciaria y la reutilización de aguas residuales. • El fomento de ordenanzas municipales para que en los edificios de nueva construcción se incorporen mecanismos de aprovechamiento de las aguas pluviales y dobles redes de reutilización de las aguas empleadas para el uso doméstico. • La promoción de programas de rehabilitación de los equipamientos públicos para los que, de manera progresiva, se vayan incorporando tecnologías de control del consumo y del aprovechamiento de las aguas usadas. • Elaborar estudios que nos permitan conocer las potencialidades hídricas del municipio para ajustar la gestión de la ciudad y el crecimiento urbanístico desde el equilibrio ecológico. • Promover las inversiones necesarias para aprovechar las aguas de las depuradoras, reconvirtiéndolas de químicas en ecológicas, para el riego de parques y jardines municipales. • Mantener la titularidad pública de la gestión y las infraestructuras de las aguas: extracción, suministro y depuración. • Adecuar la demanda a la oferta (y no al revés como se hace actualmente): extraer solo las cantidades estrictamente necesarias y volverlas muy depuradas a los caudales naturales. • Aplicar una política de precios sostenible del agua significa no incentivar el consumo: utilizar las tasas y precios públicos del agua con fines ambientales, desincentivando las pautas de consumo elevado, repercutiendo el coste real de obtención de agua, y estableciendo un sistema de bloques, de tal manera que el precio del metro cúbico de agua se incremente de manera exponencial con el aumento del consumo. Mantener unos precios democráticos y socialmente justos, por ejemplo, se puede mantener una tarifa baja hasta un consumo de 50 m 3 por familia (media) y trimestre. • Mejorar las infraestructuras de suministro de aguas existentes, promover los sistemas de regadío eficientes (a través de una tarifa según volumen). • Las infraestructuras de depuración industrial deben ser asumidas completamente por quien consume las aguas y no por las y por los contribuyentes, según el principio de quien contamina, paga la depuración. Las fábricas que vierten sin depurar, deberán perder la licencia en lugar de pagar multas. Las aguas industriales deben depurarse (y reutilizarse) dentro mismo de cada productor. El sistema consiste en coger las aguas más abajo de donde se deben devolver, lo cual es mucho más pedagógico. • La recuperación para el uso público de los acuíferos locales en aquellas zonas donde han estado clausurados por contaminación de nitratos o de otros metales pesados, toxicidades provenientes generalmente de la química sintética aplicada a la agricultura. • Una política sostenible del agua debe tratar de garantizar el suministro a partir de sus aguas subterráneas y, por lo tanto, se deben sanear cuanto más pronto mejor. No podemos depender de transvases que roben el agua de otras regiones. • El impulso de programas de educación ambiental para fomentar una cultura ciudadana que favorezca el ahorro y un uso racional del agua. • Incorporar a las campañas de comunicación de las empresas (públicas o privadas con concesión administrativa) que gestionan el suministro de agua en las ciudades, mancomunidades y comunidades de regantes y usuarios mensajes y valores propias de lo que se ha dado en conocer como nueva cultura del agua. • Limitar las plantaciones de césped y de otras especies altamente consumidoras de agua. • Mejorar la calidad y la eficiencia de los usos agrarios del agua con medidas como: - Elaborar un mapa provincial sobre el estado de los acuíferos - Prohibir la extracción en acuíferos contaminados o sobreexplotados. - Establecer un contador individualizado de consumo de agua para cada explotación agraria. - Graduar los precios del agua de forma que favorezcan el ahorro y la eficiencia, en función de las posibilidades técnicas y del tipo de cultivo.
1.5 Gestión sostenible del territorio y de los recursos naturales Somos testigos de una masiva sobreexplotación de nuestros recursos naturales a base de tecnología y aportaciones de ingredientes artificiales, los cuales, a medio plazo, agotaran irreversiblemente la capacidad de recuperación de nuestro entorno natural. Mar y litoral . El litoral es la zona donde mayor es el crecimiento demográfico y la mar sigue siendo sobreexplotado. Supone una clara amenaza para unos ecosistemas cuya fragilidad es creciente, y su valor natural es cada vez mayor en tanto que cada vez son más escasos. a) Planes municipales, metropolitanos y provinciales de protección del litoral, con los siguientes objetivos: • Proteger los espacios con valor ambiental, estableciéndolos en cada municipio del litoral y adoptando medidas para su protección efectiva. • Introducir en la ordenación urbanística objetivos de sostenibilidad, limitando el crecimiento de urbanizaciones y declarando moratorias en zonas saturadas. b) Moratoria en la construcción o ampliación de nuevos puertos deportivos en los municipios costeros. c) Moratoria en la construcción de nuevos campos de Golf en los municipios de costa. d) Apostar decididamente por la pesca sostenible.
Medio rural . La agricultura es un sector económico y social cuyo peso en el PIB no refleja adecuadamente su dimensión ambiental, ni su papel en la articulación social y territorial. En este sentido es en el que se proponen las siguientes medidas, que deben conseguir el objetivo de favorecer los tipos de agricultura con mayor rentabilidad social y ecológica, que no siempre coinciden, al menos en el corto plazo, con los que mayor rentabilidad económica (vía mercado y/o subvenciones, directas o indirectas), presentan.
a) Plan de fomento de la agricultura ecológica que apoyar la oferta y producción de productos ecológicos, a través de medidas como: • Proporcionar fincas municipales para crear una red de cooperativas colaboradoras de agricultura ecológica. • Facilitar por parte de los ayuntamientos, suelo y medios para impulsar la creación de huertos ecológicos escolares y familiares, así como granjas ecológicas familiares. • Incrementar la escala de la agricultura ecológica, apoyando la constitución y el funcionamiento de asociaciones y cooperativas de productores-consumidores agrarios ecológicos.
• Recuperar recetas culinarias locales, elaboradas a partir de ingredientes de la zona y ecológicos. • Promocionar en restaurantes locales, y especialmente en los municipios más turísticos, la introducción en sus cartas de un “menú ecológico”, realizado con ingredientes autóctonos de la zona. • Promocionar la comercialización de los productos agrarios ecológicos locales, impulsando ferias comarcales y creando denominaciones de origen y marcas de calidad de productos autóctonos y ecológicos. c) Establecer un plan municipal de buenas prácticas agrícolas en los ayuntamientos rurales, organizando cursos, talleres y campañas para difundir experiencias agrarias que deban destacarse por su contribución a generar un desarrollo socioeconómico sostenible y equilibrado. d) Establecer planes municipales, comarcales y provinciales de ordenación de los cultivos bajo plástico. e) Vuelta a la ganadería extensiva f) Declarar a los municipios “municipios libres de transgénicos”, desarrollando campañas que informen y conciencien sobre los riesgos asociados a los organismos manipulados genéticamente (OMGs), y adoptando medidas que permitan informar al público sobre qué productos incluyen en su composición OMGs, y que así puedan ejercer la soberanía del consumidor. Garantizar el cumplimiento del Protocolo de Cartagena sobre Biodiversidad, ratificado por el Estado Español (ene.2002) sobre el control de la contaminación por OGM en la alimentación.
Medio natural . Un objetivo que Los Verdes debemos plantearnos en la gestión municipal es implicar a la administración local en la protección de los valores naturales, en que participen conforme a sus competencias en la satisfacción de la demanda ciudadana de preservar la naturaleza y que vean en un medio natural protegido y bien conservado una oportunidad para el desarrollo social y la calidad de vida en el municipio, con una regulación que favorezca un uso público sostenible de los recursos naturales, pues la protección no puede verse simplemente como una mera restricción a la explotación económica del territorio y los recursos. En especial, se proponen medidas para atender los espacios más amenazados y en los que una perspectiva local resulta más eficaz.
a) Aprobar ordenanzas municipales de protección de la biodiversidad y de fomento de la jardinería sostenible y las zonas verdes, alcanzando el objetivo de 9 metros cuadrados de zonas verdes por habitante en todos los municipios andaluces b) Crear Jardines Botánicos Provinciales. c) Elaborar plan municipales de protección de espacios con alto valor ambiental, como humedales y cauces fluviales y bosques de ribera. d) Desarrollar planes provinciales de gestión cinegética y piscícola, con los objetivos de minimizar el impacto ambiental de estas actividades y garantizar su sostenibilidad ambiental e) Elaborar y desarrollar Instrucciones Básicas sobre formas sostenibles de aprovechamiento y disfrute de los montes de titularidad municipal. f) Luchar contra las canteras ilegales.
1.6 La gestión integral de los residuos: minimizar, reciclar, cerrar las incineradoras. En una sociedad basada en el “usar y tirar”, la prioridad en términos de residuos radica en la minimización y la prevención . Es esencial que los municipios tomemos medidas claras para evitar al máximo la producción de residuos inútiles. Además de poner un freno a nuestro modo de consumo actual poniendo en marcha los otros puntos de este programa, consideramos que la incineración no tiene cabida dentro de un futuro sostenible y se pronuncia en favor de una intensificación del reciclaje y del compostaje, así como de otros métodos de tratamiento alternativos que empiezan hoy a tomar fuerza en el resto de Europa. a) Puesta en marcha de un plan de separación selectiva en origen de los residuos sólidos urbanos (RSU), reciclaje integral de los mismos y apuesta por la biometanización y el compostaje. Objetivos: • Reducir en un 15% el volumen de RSU producidos en los municipios. • habitantes. • Impedir la incineración de RSU. • Poner en marcha Sistemas Integrales de Prevención y de Gestión para la Recogida Selectiva en Origen de los RSU, tanto a nivel local, como comarcal acompañados de minicentrales municipales de producción de biogás y de compostaje de gran calidad: creación de empleo estable local, ahorro energético, producción de un adobo inmejorable para el consumo local. b) Generalización de ecoparques, con medidas de tratamiento y recuperación como la producción de biomasa, el compuesto local a partir de residuos domésticos y de jardín, o la reutilización y el reciclaje de los materiales de construcción. c) Construcción de plantas de generación eléctrica por biogas en los vertederos municipales. d) Politicas de retribución o gratificación a los ciudadanos, agrupaciones de vecinos etc… que actuen de manera más responsable. Alcanzar el 30% de RSU reciclados en los municipios de más de 50.000 e) Favorecer el aprovechamiento agroambiental de los residuos agrícolas, así como las posibilidades que la biomasa ofrece para la transición hacia un modelo energético más sostenible. f) No autorizar nuevos cementerios o almacenes de residuos nucleares (ni la ampliación de las instalaciones existentes) en cualquier municipio. g) Declarar a los todos municipios como “municipios libres de PVC”, reduciendo en las construcciones municipales dichos materiales, dado el gran impacto ambiental de su obtención y de su ulterior gestión como residuo. h) Favorecer la utilización de envases retornables y de otros productos ecológicos. i) Controlar y asesorar a la industria y a los comercios. Asegurar una producción limpia de principio a fin; con productos de calidad, duraderos, que se puedan reparar fácilmente; con materiales renovables, obtenidos de manera que conserven la viabilidad del ecosistema del que son extraídos; no tóxicos ni problemáticos por lo que respecta a su utilización y recuperación. 1.7 Salud medioambiental y calidad de vida Definición de Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Año 1947: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad o dolencia” La salud depende sobre todo de los estilos de vida, la cultura y el medio ambiente. Debe guiar el diseño de todas las políticas (sociales, económicas, fiscales, agrícolas...). Por lo tanto, los propuestas de este apartado están profundamente vinculadas a las de todos los otros apartados de este programa con el objetivo de conseguir un municipio con una alta calidad de vida para todos y todas, sin exclusión. a) Cambios en los modelos económicos: Los modelos actuales donde prima la productividad y la rentabilidad económica tienen una influencia directa sobre el individuo, su calidad de vida y en definitiva, su salud. Es necesario reforzar el concepto de “ Rentabilidad Social y ecológica ” b) La salud en el trabajo: Comenzando por el mismo “stress laboral”, existe una larga lista de enfermedades asociadas al trabajo (problemas respiratorios, cánceres, etc.). Debemos ser conscientes de su importancia y buscar la manera de afrontarlas apropiadamente. c) Promover estilos de vida libres de drogas, con un cambio de la política represiva a la de gestión de riesgos, en el consumo de drogas de abuso, incluida la legalización gradual del consumo y desarrollar un marco legal para las "medicinas alternativas”. d) Promover una vida sana con campañas de información, reduciendo el IVA de los productos biológicos y ecológicos, potenciando su producción (cooperativas producción-distribución-consumo), con un mayor consumo en las escuelas,... Apoyar la práctica del ejercicio físico. e) Promover una vida libre del humo del tabaco. Exigimos el cumplimiento íntegro de la Ley 28/2005 de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. Para ello, y en vista del incumplimiento flagrante que se está dando de la misma, proponemos la creación de inspectores dependientes de las administraciones públicas que controlen la aplicación de la ley y tengan la potestad de imponer sanciones a los responsables de los lugares en que esta no se cumpla.
Las consecuencias afectan directamente a la salud de las personas y al nivel de calidad de vida de la ciudadanía. Los Ayuntamientos deben asumir el reto de promover medidas de impacto contra la contaminación acústica, atmosférica, lumínica y electromagnética en las ciudades. a) Se propone la instalación de cabinas de control que nos permitan conocer la información de la calidad del espacio público y los índices de la contaminación blanca o invisible en tiempo concreto, que facilite el diseño de políticas y programas de acción. Conocer con la máxima precisión posible el diagnóstico ambiental del municipio, es decir, su estado de salud ambiental. b) Planificar la ubicación de las actividades económicas por medio de Normas Urbanísticas y evitar incompatibilidades; aprobar y aplicar ordenanzas municipales efectivas contra el ruido; actualizar periódicamente el mapa de ruidos de la ciudad para generar sensibilización ciudadana; organizar campañas educativas ... c) Promover, desde la propia Administración, la utilización de vehículos menos ruidosos, controlar y eliminar el ruido producido por motocicletas y camiones, proteger con pavimentos especiales y pantallas acústicas allá donde sea posible y salvaguardar, también, el aislamiento acústico en las viviendas y oficinas por medio de ordenanzas municipales. d) Recuperar ecológicamente del entorno de las instalaciones educativas, además de la proscripción de la realización de obras en los alrededores, en horario escolar. e) Respecto a las fuentes de radiaciones electromagnéticas se exige la aplicación del principio de precaución. Por ello, proponemos el control estricto de todos los focos de contaminación electromagnética (antenas de telefonía móvil, torres de alta tensión, transformadores de alta potencia, etc.) que actualmente campen –legal o ilegalmente– por todas nuestras ciudades y núcleos urbanos. f) Controlar y limitar la instalación de antenas de telefonía móvil . Para ello, es necesario el inmediato cumplimiento de la legalidad vigente, con la paralización y desmantelamiento inmediato de todas las antenas de telefonía móvil en situación ilegal y la inmediata declaración de una moratoria de instalación de antenas, la obligación a las operadoras a compartir las antenas, alejar los emplazamientos de las antenas una distancia significativa de las viviendas y zonas sensibles, tener en cuenta protocolos de investigación serios por organismos independientes de las operadoras, aplicar el principio de precaución. g) Fomentar la educación ambiental de la población, para que se despegue del uso innecesario del móvil, que ya afecta a más del 90% y que es un verdadero peligro, sobretodo para la gente joven. h) Reducir toda clase de focos lumínicos manifiestamente innecesarios, como los que preceden y conectan unos acontecimientos festivos con otros, como es el caso de las fiestas navideñas, etc. i) Reducir las fuentes y el volumen de la contaminación, aspecto que esta íntimamente relacionado con el consumo y producción de energía e impulsar la regeneración y filtración del aire por medio de la creación –por ejemplo– de zonas verdes con especies vegetales adecuadas para aumentar la transformación de CO 2 en oxígeno. j) Llevar la naturaleza a cada calle, mediante una política de reverdecimiento de todas y cada una de ellas. Como debemos ir recuperando las calles para un uso totalmente público (sin tránsito, aparcamientos, asfalto y cemento), vamos a poder contar con un incremento de espacio verde disponible para todo el mundo.
1.8 Protección de los derechos de los animales y del bienestar animal Para gran parte de la sociedad, hay que ir más allá en la protección de los animales: frente a la concepción que les concede atención tan sólo en la medida en que resultan útiles (o productivos), cada vez más personas defienden que los animales tienen valor en sí mismos, y que lo que necesita justificarse es su utilización. Con ello se amplía la comunidad de los seres con derechos de los seres racionales a los seres sintientes. Pero hoy, los abusos a los que son sometidos son aún demasiados, pues carecemos de una base normativa y sobre todo ejecutiva para evitar actuaciones que reciben el rechazo de la mayoría de la población. Por tanto, es necesario adoptar medidas para acercar el trato actual a los animales a la voluntad mayoritaria. a) Ordenanzas municipales que prohíban cualquier práctica que comporte maltrato y tortura animal. b) No promocionar ni subvencionar escuelas taurinas, corridas de toros, o cualquier espectáculo que comporte el maltrato animal. c) No crear nuevos zoológicos, transformando progresivamente los existentes en centros de recuperación. d) Elaborar un plan que desarrolle la educación en los valores animalistas y la promoción de las dietas vegetarianas. e) La coordinación y evaluación de estas medidas se realizará a través de una Oficina Municipal de Protección y Bienestar Animal, que cuente con la autonomía suficiente para hacer .eficaz y creíble una nueva política municipal en relación con la situación de los animales.
2.1 Economía social, solidaria y ecológica en una economía relocalizada y plural Sin transformación de las pautas económicas actuales, no puede haber un verdadero cambio de rumbo en la ecología. Más allá de potenciar un consumo responsable (prioridad por los productos locales, evitar las transnacionales, conocer la procedencia de los productos, rechazar envoltures y objetos de vida efímera, comprar productos ecológicos, etc.), de reeducar la población en nuevas prácticas de simplicidad voluntaria (comprar menos y mejor: aquellos productos y a aquellas empresas que cumplan unos estándares sociales, laborales y ecológicos dignos), se debe ir construyendo una alternativa que rovo con el sistema actual. Los consumidores y la ética social y ecológica reclaman un desarrollo urgente de nuevos sectores económicos: como: la agricultura y ganadería ecológicas, la pesca sostenible; con formación para jóvenes agricultores, con facilidades para la comercialización a nivel local (eco-mercados, ecotiendas, cooperativas...), potenciando su consumo en centros públicos (escuelas...). También tenemos derecho a conocer lo que comemos, dónde se produce y que productos se incorporan a la cadena alimentaria en cualquiera de sus fases.
• Reducción de la escala, a nivel productivo y de consumo y reconversión de la actual economía globalizada por ir avanzando hacia unas economías locales eficientes. Pasar de las concentraciones de capitales a la regionalización y a diferentes modalidades de municipalización. • Recuperar el principio ecológico de proximidad, minimizar las distancias en la consecución de una vida más sostenible. • Conseguir la mayor aproximación posible entre producción y consumo apoyando la constitución y el funcionamiento de asociaciones y cooperativas de productores-consumidores de productos ecológicos. • Apoyo a las pequeñas y medianas empresas autogestionarías y dirigidas principalmente a mercados locales, comarcales o nacionales. • Las administraciones públicas, empezando por las locales, deben dedicar una parte significativa de los recursos a la realización de proyectos locales, según la idiosincrasia de cada localidad. Estas inversiones no deberán ser inferiores al 10% de los presupuestos anuales . • Promoción de las empresas de economía social y de todo proyecto empresarial intensivo en mano de obra. • Creación de empresas de titularidad mixta – privada y pública, como medida de apoyo a emprendedores con pocos recursos. • Defensa del pequeño comercio, a través de políticas compensatorias y formativas
(Ver medidas de los apartados Mar y Litoral y Medio Rural).
• Nueva economía local y popular del trueque basada en intercambiar mutuamente trabajos, conocimientos o habilidades sin que intervenga el dinero o mediante la creación de monedas locales . Esta práctica se ha empezado a extender tanto en países “ricos” (Europa, USA), como en países empobrecidos, como Argentina, donde ha llegado a haber 6000 clubes o asociaciones que participan en una Red Global de Trueque con más de 6 millones de personas beneficiarias y que generan una actividad económica de cerca de 10.000 millones de créditos (moneda propia) al año, que representan más de 3.000 millones de dólares en bienes y servicios.
• Reducción de la jornada laboral a 35 horas en el ámbito de la Administración Local , sin disminución de los salarios más bajos. El objetivo no sería otro que la administración actuara de manera ejemplarizante de cara al sector privado. • Defensa del reparto del trabajo en todos los ámbitos – con medidas de compensación, allí donde sea preciso, entendido no como una solución definitiva al problema del paro, sino como la consecuencia lógica de los avances de la tecnología, que ahorra trabajo humano. • Renta básica universal, incondicional y que cubre las necesidades básicas: campaña de los municipios por la promulgación de una ley a nivel comunitario y estatal.
• La administración pública compra a aquellas empresas que cumplan estándares sociales, laborales y ecológicos dignos • Extender la experiencia “PASOS DE BILBAO” (1999), impulsada por el ICLEI, y que marque la responsabilidad de las administraciones públicas a la hora de indicar a la industria, el comercio, artesanos y artesanas y personas consumidoras cuáles son los productos y los procesos más ecológicos. • Impulsar los criterios siguientes: control de necesidad, control de sustitución, determinadas prohibiciones de compra, productos con menos gastos de recursos y productos reciclados, productos locales y de temporada y exigencia de prevención de residuos. • Hacer aplicar de forma efectiva el nuevo reglamento de la Unión Europea sobre la etiqueta ecológica (DON L237 de 21-9-00). • Promoción del comercio local/comercio Justo . Otorgando facilidades y realizando campañas de sensibilización
2.2 Fiscalidad ecológica Hacer de la sostenibilidad un resultado de los comportamientos cotidianos: aprobar ordenanzas y planes que permitan modificar los comportamientos de las administraciones y de las y los ciudadanos, incentivando la eficiencia y el ahorro en la utilización de los recursos naturales y la prevención en la generación de impactos ambientales. a) Impulsar la economía y la fiscalidad ecológicas como herramientas de la política ambiental municipal: haciendo que la información económica diga la “verdad” ecológica de los impactos ambientales que nuestra actividad genera, y por otra parte orientando el sistema impositivo a sustituir los comportamientos más insostenibles y destinando los fondos recaudados a inversiones ambientales. b) Ordenanzas que modifiquen las tasas y precios públicos, así como los impuestos municipales, para otorgarles objetivos ecológicos. c) Ordenanzas sobre criterios sostenibles y solidarios en la contratación administrativa en ayuntamientos, que valoren positivamente en las licitaciones públicas las propuestas que respondan a intereses ecológicos, sociales o de cooperación para el desarrollo internacional. d) Establecer un sistema de cuentas ambientales y de cálculo de la huella ecológica que pueda desarrollar posteriormente cada municipio, que permita incorporar los valores ambientales a la contabilidad económica. e) Tasa de tratamiento y eliminación de residuos (“ecotasas”) : perfeccionamiento de esta figura fiscal y extensión a todos los municipios (en nombre de la simplificación administrativa podría considerarse su emisión conjunta con el IBI, pero en recibos separados, además de especificar sus componentes). Principio de “quien más contamina más paga”. 2.3 Finanzas locales social y ambientalmente sostenibles El desarrollo de la actividad municipal exige un marco financiero suficiente que permita la prestación de servicios a la ciudadanía, al mismo tiempo que genere dinámicas de equilibrio social y medioambiental.
• Transferir recursos del Estado corregir la situación actual y dotar a los Ayuntamientos de los recursos públicos suficientes y adecuados a la concreta prestación de servicios. • Introducción de criterios medioambientales en el cálculo para la dotación de estas transferencias del Estado en los Ayuntamientos además de los de población y esfuerzo fiscal por medio de los que hoy se determinan (por ejemplo, parte del presupuesto municipal a servicios medioambientales o cualquiera otra ratio indicativa).
Distinguimos entre tributos cuya ambientalización pueda tener efectos incentivadores y aquellos cuyo único efecto es recaudador aunque estén destinados a financiar gastos ambientales B.1.- IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles). • Bonificaciones ambientales: determinar en la ordenanza reguladora del IBI una serie de bonificaciones sobre la cuota del impuesto en función de elementos como el ahorro energético, aprovechamiento solar, sistema eficiente, etc. • Bonificaciones sociales: ya que en la situación actual de la vivienda aquello más ineficaz e insostenible es tener viviendas desempleadas se propone un gravamen sobre esas viviendas. Dado que hoy no es legalmente posible establecer gravámenes en el tipo de IBI, una posibilidad es establecer una bonificación general a todos los bienes inmuebles de la que se excluyan las viviendas desempleadas.
B.2.- IAE (Impuesto de actividades económicas). Para nosotros resulta imprescindible la existencia de un impuesto local que grabe la actividad económica que se desarrolla en la ciudad o el municipio. • Revisión en profundidad de las tarifas del IAE, de manera que se introduzcan criterios ambientales. Esto es especialmente importante por lo que respecta a la actividad industrial, donde debe hacerse palpable el principio de “quien contamina paga”. • EL IAE debe recoger como incremento o decremento sobre su cuota el impacto que las actividades comerciales e industriales provocan en la ciudad que es su entorno más próximo, así como los esfuerzos e inversiones realizadas para corregirlos o paliarlos. • Las tarifas deben tener como objetivo primar determinadas actividades por su positivo impacto social (por ejemplo aquellas generadoras de puestos de trabajo por medio de ratios como persona/m 2 ) y aquellas con mejor comportamiento ambiental (introducir ratios de emisiones y vertidos). • No a la supresión del IAE. En todo caso, si se quiere paliar su efecto fiscal proponemos que se mantenga el IAE modificando las tarifas vigentes en el sentido que hemos mencionado en los apartados anteriores y que su cuota sea deducible de los tributos estatales (IRPF o Impuesto de Sociedades), de manera que su neutralización fiscal no se haga a costa de las finanzas municipales.
B.3.- IVTM (Impuesto de vehículos de tracción motor). • La inflexibilidad del impuesto genera problemas de utilización ambiental. Proponemos una reforma en que en la determinación de los caballos fiscales de los vehículos se introduzcan criterios de eficiencia energética y emisiones contaminantes. • De manera inmediata en la ordenanza reguladora debe establecerse un régimen de bonificaciones en el impuesto a vehículos de bajo consumo, que usan energías alternativas, de bajas emisiones, etc. 2.4 Empresas medioambiente y socialmente responsables a) Aumentar el peso de la economía ambiental en los municipios, al ser éste uno de los pilares básicos de la modernización ecológica: • Instalar empresas con programas y certificaciones de sostenibilidad ambiental en los polígonos industriales locales, así como apoyar la “ecologización” de las actividades y empresas industriales ya existentes en el municipio. • Establecer empresas de I+D, cuyos objetivos de investigación sean de naturaleza ambiental, en los Parques Tecnológicos. b) Favorecer las empresas que reclutan a tiempo compartido c) Apoyar al sector de la economía social (cooperativas, asociaciones sin ánimo de lucro y Sociedades Anónimas Laborales), tanto para su creación, como para la dotación de suelo o servicios, mejor fiscalidad, asesoramiento legal, etc. Apoyar la creación de nuevas empresas en especial para cooperativas, SAL, pymes y autónomos (con exención de cotizaciones a la Seg. Social , el primer año) 2.5 Del turismo de masa al ecoturismo solidario TURISMO. No podemos obviar la importancia socioeconómica de la actividad turística en los municipios del Estado español, ni tampoco su impacto, tanto en la demanda de recursos naturales como en la planificación del territorio y de otras actividades económicas y sociales. El turismo es para no pocos municipios su apuesta estratégica de presente y de futuro para garantizar niveles de vida crecientes, pero hay que reconocer los límites de su desarrollo, y trabajar desde este momento en la generación de alternativas. Alternativas tanto a la actividad turística en sí misma, para prevenir el “monocultivo económico” en no pocas comarcas andaluzas, y alternativas turísticas más sostenibles. a) Moratoria de construcción en las zonas turísticas saturadas. b) Elaborar planes de protección en las zonas turísticas con alto valor ambiental, como parques naturales y nacionales. c) Ordenanzas municipales de fomento del ecoturismo solidario. d) Plan provincial o comunitario de fomento del ecoturismo solidario. e) En las zonas rurales, potenciación del agroturismo como forma de complementar, mantener y reactivar el territorio y la actividad agraria y ganadera, renaturalizar los ríos y arroyos, recuperar la vegetación ribereña, combatir la erosión, reforestar, etc..
3.1 Una vivienda digna, accesible y ecológica para todos y todas Garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada a las necesidades de cada etapa de la vida, sin hipotecar la vida, es decir una nueva cultura de la vivienda. La nueva política de la vivienda debe tener unos referentes y objetivos muy claros: • Dar cumplimiento efectivo al mandato constitucional y al derecho fundamental: que toda persona debe tener acceso a una vivienda digna. • Adaptar la vivienda a los ingresos, la demanda y las necesidades variables de la persona y del núcleo familiar a lo largo de la vida (espacio disponible, varios usos y funciones y varias formas de convivencia). • Regular y limitar los precios de la vivienda y del suelo, tanto en propiedad como en alquiler para que sea asequible por todos y todas. • Facilitar la recuperación, rehabilitación y ocupación de las viviendas vacías o infrautilizadas. • Una vivienda no es digna si no es sostenible y ecológica. Por lo tanto, una vivienda digna garantiza: - el acceso al agua y a la energía limpia y renovable (tanto térmica como electríca) - la salud medioambiental de los inquilinos (libre de materiales cancerigenos, químicos; libre de amiante, plomo, mercurio; libre de contaminación atmosférica, acústica y de vibraciones) - la protección de los ecosistemas (solidaridad intergeneracional para los futuros inquilinos y generaciones).
Cambios normativos y nuevas políticas públicas que traten el problema de la vivienda de forma global.
b) Ampliar el mercado de alquiler con varias tipologías de vivienda, con precios asequibles y adecuados a todos los niveles económicos y a todas las situaciones sociales. Garantizar el cobro de los alquileres, facilitar la movilidad en el marco del PLAN DE VIVIENDA ASEQUIBLE Y ECOLÓGICA. c) Presión fiscal sobre los poseedores de viviendas vacías , para incentivar su puesta en el mercado o incluso llegado el caso convertirlas en VPO de alquiler. d) Garantizar los criterios de salud medioambiental en las viviendas (libre de materiales cancerigenos, químicos; libre de amiante, plomo, mercurio; libre de contaminación atmosférica, acústica y de vibraciones). Las normas de la edificación, de su calidad, de los requisitos de habitabilidad, de instalaciones y servicios privados y comunitarios: fomentar la arquitectura bioclimática y el ahorro energético. e) Evaluar de forma mas exigente los criterios de sostenibilidad medioambiental , y muy especialmente evitar por todos los medios que se destruya los litorales y patrimonios naturales. f) La mezcla de tipologías residenciales : zonificaciones residenciales menos rígidas, que fomenten la combinación de varios tipos de viviendas, de diferentes estratos sociales, de diferentes edades, en un mismo territorio. g) Supresión de las desgravaciones fiscales a la compra de vivienda y cualquier otro mecanismo, que al final sirven para trasvasar fondos publicos a promotoras-constructoras privadas, etc. Estan demostradas que estas politicas, mantienen los desorbitados precios de mercado de la vivienda libre. h) Regular y limitar los precios de la vivienda y del suelo , tanto en propiedad como en alquiler para que sea asequible por todos y todas. i) Reforma de la legislación de arrendamientos urbanos , además de establecer nuevas modalidades de contratos de arrendamiento y procedimientos jurídicos que fomenten el arrendamiento de viviendas de nueva promoción –pública y privada– y de segunda mano. Garantizar la recuperación de las viviendas alquiladas por sus propietarios, en caso de necesidad. j) Mayor control del fraude inmobiliario y la corrupción político-inmobiliaria . Regulación del mercado inmobiliario de promoción privada y de promoción pública local y autonómica: facilitar suelo a precios asequibles y recursos financieros para la promoción y la construcción. Priorizar las promociones que establezcan convenios con las administraciones públicas, para la participación en los programas y actuaciones del PLAN DE VIVIENDA ASEQUIBLE Y ECOLÓGICA. k) Supresión de trabas a la autoconstrucción y fomento del cooperativismo . l) Reforma del mercado hipotecario y en concreto de los instrumentos de financiación del mercado inmobiliario: nuevas modalidades de préstamos hipotecarios y de los procedimientos de cobro (moratorias, subrogaciones sustituciones, avales y garantías públicas...). Limitación de la durabilidad de las hipotecas a un número concreto de años (20-25). m) Incentivar los Mecanismos de participación ciudadana a la hora de diseñar los planes de actuación urbanística (ver Participación Ciudadana).
3.2 Sociedad plural, integración e interculturalidad La desigualdad de oportunidades y de género, la situación precaria de muchos de nuestros mayores, la marginación social – en particular de los colectivos de inmigrantes, la inseguridad ciudadana... Todos estos problemas tienen como causa la ausencia de justicia social, por lo que no es extraño que algunos de ellos se relacionen entre sí, agravándose mutuamente. Aquellos que piensan que nada se puede hacer se equivocan. Con un mínimo de voluntad política, es posible crear las condiciones básicas hacia una sociedad plural. Las siguientes medidas, en interacción con muchas de las expuestas en los otros apartados, pueden ser el primer paso.
b) Programa de integración de inmigrantes, minorías etnicas y grupos de exclusión social, unido a políticas activas de sensibilización ciudadana y educación para la tolerancia, interculturalidad y convivencia respetuosa con los individuos que por sus caracteristicas personales (discapacidades físicas, mentales o intelectuales) entorno cultural o contexto socioeconómico tienen riesgo de exclusión o marginación. c) Reconocer los derechos de reunión, asociación, huelga, asistencia letrada, acceso a la sanidad y a la educación de los inmigrantes indocumentados. Promover la convivencia intercultural y potenciar el papel asesor de organizaciones de inmigrantes y ONGs en la política de inmigración. d) Crear oficinas municipales de información y apoyo a inmigrantes, incorporando además la perspectiva de género, al presentar las mujeres inmigrantes más riesgos, en general, de caer en la exclusión social. e) Potenciación de los servicios sociales, con especial atención a las campañas educativas y a la inserción socio-laboral. f) A través del Tercer sector, medidas de apoyo a la Tercera edad, que permitan a los ancianos y a las ancianas llevar una vida digna integrados en su propio entorno social. g) Constituir observatorios municipales de la realidad social, que realicen un análisis de la situación del municipio desde la perspectiva de la cohesión e inclusión social, y de las medidas adoptadas para combatir la exclusión, con una especial atención a estas tres perspectivas:
• La de las y los inmigrantes, incluyendo también a menores • La de las diversas formas de pobreza, entendiendo ésta como el resultado al que se puede llegar a través de diferentes vías, que debemos detectar para afrontar adecuadamente con estrategias específicas.
i) Planes provinciales de calidad y apoyo en la educación, que atiendan especialmente a aquellas habilidades que se constituyen en “interruptores” en el proceso formativo y educativo (lectura, utilización de nuevas tecnologías...). j) Facilitar la movilidad de los sectores sociales con más problemas para ello y más dependientes de los servicios públicos, con medidas como: Congelación del precio del billete de trasporte público. Transporte gratuito para jóvenes, desempleado, pensionistas y otros colectivos sociales desfavorecidos.
3.3 Derecho universal de ciudadanía (ciudadanos y ciudadanas de Europa y del Mundo) a) Derecho de voto por residencia, es decir derecho de voto para los/as ciudadanos/as sin pasaporte de la Unión Europea a las elecciones municipales. b) Ordenanzas municipales de regulación de los derechos de los y las trabajadoras del sexo. c) Ordenanzas municipales que regulen los derechos de las parejas de hecho. d) Apoyo al establecimiento de una renta básica universal e incondicional que garantice unos ingresos mínimos a todas las personas sin recursos. e) Fomento de las lenguas y culturas minoritarias
3.4 Por una solidaridad Norte-Sur Existe un intercambio desigual entre Norte y Sur, en términos medioambientales y de sostenibilidad planetaria: una deuda ecológica. Es tiempo de asociar al actual modelo de producción industrial, el consumismo, la producción exhaustiva de residuos y la emisión de gases de efecto invernadero por parte del Norte, a la necesidad moral y económica que éste repare las consecuencias nefastas que dicho modelo tiene sobre las poblaciones del Sur. En interacción con muchas propuestas precedentes, es nuestro deber a nivel local, en los municipios, actuar por la justicia global y la solidaridad Norte-Sur. En otras palabras un Ayuntamiento sin Fronteras.
l) Apoyo a proyectos de cooperación al desarrollo que fomentan iniciativas ecológicas y sociales y valores de paz y solidaridad. m) Evaluación de la política de cooperación del ayuntamiento. n) Poner en marcha dispositivos de información y transparencia sobre el uso de los fondos destinados a la cooperación internacional. o) Promoción por parte de las administraciones públicas de aquellos productos con etiqueta de comercio justo para ir llegando paso a paso a una nueva forma de consumir para lograr que el Comercio Justo no sea alternativo, sino que todo el comercio sea justo y cumpla unos principios de justicia. p) Cuando se da el caso, oficina de cooperación internacional en Diputaciones Provinciales, que canalice la ayuda al desarrollo de la mejor forma posible, analizando la virtud de fórmulas como hermanamientos con ciudades del Sur, y abriendo la cooperación internacional realizada por los municipios a la participación y control ciudadanos. Al mismo tiempo, a través de dicha oficina se desarrollarán campañas de sensibilización ciudadana sobre el problema global de exclusión. q) Poner en marcha programas de trasferencia tecnológica y sistemas de producción limpia en la cooperación internacional. r) Abrir foros locales permanentes de debate y participación sobre los efectos y problemas de la globalización.
4.1 Democracia participativa activa INSTITUCIONES PARA EL COGOBIERNO MUNICIPAL DE LAS Y LOS CIUDADANOS. La participación no se puede limitar sólo a la elección de representantes, ni siquiera a la toma directa de decisiones (de forma excepcional, y en casos muy concretos), sino que debe afectar a la mayoría de los ámbitos del gobierno local. En la democracia, tal como la entendemos, las y los ciudadanos deberían tener la posibilidad de participar en la toma de las decisiones políticas que les afectan. Por ello es necesario establecer un sistema permanente de participación y de intercambio de información entre el Ayuntamiento y los ciudadanos, no sólo a través del movimiento asociativo, sino también de manera individual. El carácter local de la política municipal favorece la diversidad, incluso su concepción como “laboratorio de participación e innovación social”. a) Presupuesto participativo donde las y los ciudadanos pueden participar y decidir las inversiones municipales. b) Fomentar la Creación de asambleas ciudadanas de barrio y descentralización de la gestión municipal, con apertura de oficinas de barrio, no sólo para facilitar la tramitación administrativa (documentos, licencias, etc.), sino también como puntos informativos y lugares de reunión de las asambleas ciudadanas, ante las que comparezca periódicamente el concejal de la barriada para informar de los proyectos municipales y atender las demandas de los/as vecinos/as. Las asambleas ciudadanas constituirán el primer nivel de elaboración de propuestas para los presupuestos participativos. c) Apoyo al movimiento asociativo, sin favoritismos, y participación del mismo en organismos autónomos municipales y en comisiones sectoriales. d) Referéndum vinculante, a escala municipal y de barrio, sobre cualquier tema que afecte a estos niveles territoriales, incluyendo la revocación de proyectos y normativas municipales, y todavía seria mejor si pudiese llegar en la medida de lo posible a los cargos locales electos. e) Posibilitar la formulación de iniciativas legislativas populares de carácter local, respaldadas por un mínimo del 3% de los/as ciudadanos/as, para elevar al Pleno del Ayuntamiento mociones o propuestas de competencia municipal. f) Obligatoriedad del uso de los Núcleos de Intervención Participativa (constituidos por ciudadanos y ciudadanos al modo de un jurado popular pero dirigido a decisiones políticas, no judiciales) en el diseño de planes urbanísticos, y en otras actuaciones estratégicas desarrolladas por el Ayuntamiento.
t) Establecimiento de cauces reglamentarios para que los ciudadanos puedan exponer sus propuestas y demandas, incluyendo la posibilidad de interpelar directamente al alcalde. u) Elegir un día al año como día de debate ciudadano sobre el estado del municipio. v) Información y control ciudadano del desarrollo y ordenación urbanística del municipio. w) Constituir Ayuntamientos de barrio en las ciudades de más de 100.000 habitantes, que supongan un avance real en la descentralización de servicios y que favorezcan la participación en el gobierno de la ciudad al acercarse las instituciones a las y los ciudadanos.
4.2 Reforma de los gobiernos locales LOS VERDES plantearán en el próximo período legislativo la necesidad de MODIFICAR LA LEY DE BASES DE RÉGIMEN LOCAL así como las leyes municipales de las Comunidades autónomas con competencias en materia de régimen local, y el conjunto de leyes sectoriales que afecten a temas de interés local y territorial, para construir un nuevo modelo de poder local en el estado español, concordante con el que se da en toda la Unión Europea , con la voluntad de hacer efectivos los siguientes principios y objetivos generales:
b) Aplicar de manera efectiva los principios de autonomía y subsidiariedad en la asignación y distribución de competencias y recursos, entre los diversos niveles político administrativos (es decir, en los cuatro niveles básicos: local, regional, estatal y comunitario europeo). El ámbito político administrativo del poder local debe disponer de competencias y de recursos suficientes para incidir de manera inmediata, determinante o significativa, en la ordenación y gestión de los servicios que afecten a su colectividad y territorio. c) Todas las administraciones que configuran el poder local tienen su legitimación en un único proceso electoral local específico, que toma como base el municipio y que, en todos los niveles y organismos de carácter local, respeta los criterios de representatividad de los territorios incluidos en su demarcación, con la máxima proporcionalidad y representatividad política. d) Aplicar el principio de subsidiariedad dentro del ámbito propio de la autonomía local, de manera efectiva y asimétrica. Las competencias y servicios se deben prestar siempre a través de aquella institución político administrativa del poder local que, siendo la más próxima posible a la persona, garantice la prestación, en función de las dimensiones territoriales y demográficas y de los recursos humanos, técnicos y económicos disponibles. e) El poder autonómico, el gobierno del Estado y la Comisión Europea deben estar legalmente obligados a hacer efectivos los principios de cooperación, asistencia, coordinación, información y lealtad institucional con relación a los poderes locales –y viceversa– en el ejercicio de las competencias definidas legalmente. f) La legislación local debe garantizar que todos los municipios, incluso los más pequeños, disponen de unas funciones, facultades y servicios mínimos en todos sus ambientes competenciales locales: gestión directa o indirecta de la totalidad o parte de los servicios: intervención en la planificación o ejecución que corresponda a otros niveles de la administración local o del gobierno autonómico, estatal o comunitario europea, en cualquiera de las formas de colaboración y cooperación entre administraciones del mismo nivel competencial o de carácter autonómico o estatal. 4.3 Convivencia, justicia de proximidad y resolución pacífica de los conflictos La justicia debe garantizar la tutela judicial efectiva, lo cual hoy por hoy no es del todo real. Con este objetivo es necesaria una administración que responda a criterios de eficacia, agilidad y proximidad. Planteamos, desde una óptica de radicalidad democrática, la creación de una justicia municipal o de proximidad, que debería incluir las siguientes particularidades:
b) Que el juez o la jueza deba ser licenciado o licenciada en derecho, con experiencia suficiente, a propuesta por el Pleno municipal y nombrado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. Su demarcación y planta judicial debería coincidir con el término municipal, a excepción de en las ciudades con distritos descentralizados, donde coincidiría el ámbito con cada una de estos. c) Que en las grandes ciudades se pueda constituir el Consejo de Justicia Municipal con representaciones judiciales de las diferentes administraciones y de entidades profesionales y socioeconómicas. d) Debe ser una justicia gratuita, con procesos rápidos y fundamentalmente orales. e) Su financiación debe ser a cargo de la administración autonómica y estatal, mientras que los municipios aportarán locales y personal administrativo. f) Deberán conocer, como ejemplos más significativos, asuntos de orden civil , como la mediación y conciliación, reclamación de deudas inferiores a 600 euros., defensa de personas consumidoras, juicios sobre propiedad horizontal –impugnación de acuerdos de junta de propietarios y propietarias, ejecución de acuerdos comunitarios, etc.–, medidas cautelares urgentes en materia de familia; de orden penal , las previstas en el CP y la LECr por los actuales juzgados de paz –ej.: malos tratos tipificados de faltas, faltas por robos hasta 600 euros–, ciertos delitos sobre bienes públicos, de la circulación de vehículos en vías urbanas, robos de baja intensidad como “el tirón", conducir bajo el efecto de drogas o alcohol; del orden contencioso-administrativo , procesos que tengan por objeto la imposición de sanciones municipales hasta 600 euros, imposición directa de sanciones por infracciones de tránsito y seguridad vial en vías urbanas, con tramitación municipal. g) Esta propuesta necesitará de cambios legislativos, como, la modificación de la Ley orgánica del poder judicial, las leyes procesales civil, penal y contencioso-administrativa, el Código Penal , la Ley orgánica de cuerpos y fuerzas de seguridad, y la Ley de tránsito y seguridad vial.
Los núcleos urbanos son hoy un espacio heterogéneo donde hay que organizar la convivencia de diferentes realidades e intereses (urbanísticos, sociales, económicos, culturales, convivenciales…) y donde encontramos realidades urbanísticas o barrios de perfiles diferentes y con personas de estatus sociales y económicos diferentes.
i) Potenciación de la participación ciudadana en la elaboración de políticas de seguridad son imprescindibles. j) El buen funcionamiento policial se debe complementar con la puesta en funcionamiento de la justicia municipal o de proximidad. k) Modelo policial integral que favorezca la eficacia y la eficiencia y que contribuya a sumar esfuerzos, humanos y técnicos, para la coordinación y cooperación policial entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y las policías locales, que responda a la demanda de la ciudadanía, convirtiendo la seguridad ciudadana en un servicio público de calidad. l) Las Juntas Locales de seguridad son el marco idóneo donde desarrollar en el ámbito local los planes estratégicos de seguridad, la elaboración de los mapas de delincuencia y la coordinación de los diferentes cuerpos policiales. m) Los alcaldes o alcaldesas deben ser la autoridad única en los municipios, en materia de seguridad ciudadana siendo las Juntas Locales de seguridad el instrumento de trabajo. 4.4 El municipio como núcleo de la sociedad de la información La implantación de las tecnologías de la información (TIC) a las ciudades y su generalización y extensión a los distintos ámbitos de la vida social –administraciones públicas, actividades económicas, formativas y de tiempo libre, vida doméstica– se debe hacer pensando también en la contribución decisiva que pueden dar a la SOSTENIBILIDAD de la vida urbana, en un doble sentido:
• Acceso a Internet del 50 % de la población de las ciudades andaluzas. • Universalizar el acceso a la red y a los servicios informáticos municipales. • Crear una Intranet participativa con conexión con los agentes sociales del municipio en todos los ayuntamientos. b) Plan municipal de desarrollo de la democracia en red, con las siguientes medidas: • Información y política municipal para incentivar la participación política al aumentar la información sobre los asuntos municipales y la facilidad de acceso a los mismos: la retransmisión por Internet de los plenos municipales, el acceso a documentación clave como planeamientos, propuestas, documentos técnicos, planos, etc... la posibilidad de solicitar documentos u otros soportes blandos a las oficinas técnicas correspondientes... • Participación política abierta. - Chats periódicos del alcalde, al menos coincidiendo con los debates del estado de la ciudad. - Buzón de preguntas de las y los concejales-delegados. - Sesiones públicas de control, y comisión de peticiones ciudadanas. - Foros de opinión sobre política municipal. - Se realizara la adscripción al sistema DEMOS, un sistema de e-democracia sustentado por la Comisión Europea. • Ejercer la democracia en Internet, utilizando experimentalmente el voto electrónico y los referéndum municipales por ordenador, reclamando las reformas legales necesarias para su válida implantación. 4.5 Medios de comunicación públicos plurales e independientes En un contexto de fuerte concentración y globalización mediática, Los Verdes entiende la comunicación local (periódicos, revistas, radios, televisiones o Internet) como un fenómeno que permite fortalecer e incentivar unos hábitos democráticos y una cultura de la participación entre la ciudadanía. Asimismo, consideramos que pueden contribuir a una revitalización de la vida asociativa, social o económica del municipio.
• Los Ayuntamientos, asimismo, deben poder participar en los procesos de adjudicación de frecuencias de radio o televisión de proximidad de titularidad privada, cuyo ámbito de emisión afecte a su territorio. • Los entes locales deben impulsar y garantizar unos medios de comunicación de titularidad pública que sean rigurosos, plurales e independientes. Para asegurar esto, LOS VERDES proponemos la creación de unos Consejos Municipales de la Comunicación , con competencias sobre todos los medios de titularidad pública, con presencia no solo de todas las fuerzas políticas representadas en el consistorio, sino también con la participación del tejido social y cultural del municipio y de los profesionales de esos medios de comunicación. La función de éste deberá ser la de garantizar unos medios de comunicación plurales, con independencia informativa y de calidad. |
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