PROYECTO FOME ZERO

“El acceso a una alimentación adecuada es un derecho inalienable y el Gobierno debe garantizarlo…” (Luiz Inácio Lula da Silva, Instituto Ciudadanía, Octubre 2001).

Detrás de esta frase, ya existía todo un proyecto político al respecto el cual fue consolidado en el Proyecto Fome Zero, proyecto cuyo fin es lograr una Política de Seguridad Alimentaria para Brasil, y producto del desarrollo de un conjunto de, ONG´s, institutos de investigación, movimientos sociales, expertos y personas independientes que trabajan con el tema de seguridad alimentaria en todo Brasil.

El eje central del proyecto Fome Zero es la unión apropiada entre Políticas Estructurales como son la distribución del ingreso, el aumento de la producción y la generación de empleo, entre otras, y las Políticas Compensatorias como lo son las llamadas intervenciones de emergencia.

Esta unión apunta a asegurar el derecho básico del ciudadano a una alimentación de calidad.

Este proyecto propuesto con el fin de lograr una Política de Seguridad Alimentaria para Brasil, fue logrado por un conjunto de personas independientes, ONG´s, institutos de investigación, movimientos sociales, expertos que trabajan con el tema de seguridad alimentaria en todo Brasil.

Brasil en cifras

El resultado del estudio realizado para la creación de Fome Zero arrojó como resultado lo siguiente:

9.3 millones de familias - 44 millones de personas- figuran en la línea de pobreza definida por el Banco Mundial, es decir, ganan menos de un dólar diario, y se encuentran distribuidas de la siguiente manera:

4.3 millones de familias - 20 millones de personas- viven en pueblos pequeños y medianos del campo
2 millones de familias - 9 millones de personas- en áreas metropolitanas
3 millones de familias - 15 millones de personas- en áreas rurales

Este resultado sumado a la concentración geográfica que presentan estas familias (pág.76 Proyecto Fome Zero), permite concluir que el hambre en este país tiene tres dimensiones fundamentales:

Insuficiencia de generación de demanda
Incompatibilidad entre los precios de alimentos y el bajo poder de compra de las personas
Exclusión de los pobres del mercado de consumo de alimentos

Síntesis de las principales políticas a ser implementadas a través de "Fome Zero"


Las políticas se clasifican como:

Estructurales

Generación de empleo y políticas de aumento del ingreso
Reforma Agraria
Providencia social
Merienda escolar y Renta mínima
Incentivos a la Agricultura Familiar
Específicas

Programa de cupones de alimentación* (principal propuesta)
Ampliación del PAT
Donación de canastas básicas de emergencia
Combate a la desnutrición materno - infantil
Mantención de stocks de seguridad
Seguridad y calidad de los alimentos
Programas de educación sobre alimentos y su consumo
Locales

Areas metropolitanas:
Restaurantes Populares
Banco de alimentos
Modernización del equipamiento público
Nueva relación con supermercados y redes de distribución
Areas no metropolitanas:
Banco de alimentos
Relaciones con minoristas
Modernización del equipamiento público
Agricultura urbana
Areas rurales:
Apoyo al autoconsumo
Apoyo a la agricultura familiar
Origen de los recursos

Las personas o familias beneficiadas pueden ser atendidas por más de un programa, lo que imposibilita tener una estimación del costo de todos los programas en conjunto.

Actualmente, exceptuando los gastos de educación y de la Reforma Agraria, los gastos sociales restantes como beneficencia, salud y asistencia social son cumplidos gracias al presupuesto de seguridad social, cuya principal fuente de recursos es la contribución del ISSN, contribución de empresas privada, PIS/PASEP, Cofins y CPMF.

Con respecto al financiamiento del Proyecto Fome Zero, es necesario buscar nuevas fuentes de entrada o desviar fuentes ya existentes hacia el proyecto, que se calcula tendría un costo total de R$45 billones al año, más del doble de lo que se necesita para implementar su Principal política específica, el programa de cupones que demandaría alrededor de R$19 billones al año.

Al hablar de nuevas fuentes de entrada hablamos de beneficios generados por el crecimiento económico, mejor manejo de de los recursos evitando el desperdicio y la corrupción y el reducir los intereses de la deuda pública. Como fuente de recursos a desviar existe el Fondo de Combate a la Pobreza, creado recientemente, que aportaría con $4 billones al año aproximadamente, donaciones de empresas, donaciones de sociedades entre el gobierno y la sociedad civil.

Estas donaciones serían estimuladas a partir de la creación de incentivos, como disminución de los impuestos y el marketing social.

Público potencial beneficiario del proyecto

"Población vulnerable al hambre, a partir de la línea de pobreza de US$ 1,00 dólar diario…" (pág.98, Proyecto Fome Zero)

Dentro de esta definición cabe hacer distinciones para el público asociado a cada propuesta, ya que las condiciones, para ser parte de cada política, cambian de acuerdo a la definición de cada una de éstas.

Políticas institucionales

La versión preeliminar de Fome Zero proponía la creación de un Ministerio Extraordinario para coordinar las políticas del combate al hambre y a la desnutrición. Por medio de diversas discusiones públicas se propusieron dos cambios fundamentales:

Al ser el combate al hambre una política permanente de Seguridad Alimentaria, necesita de una institución que no tenga carácter temporal, como lo tendría un Ministerio Extraordinario.
Debido a la complejidad de la relación entre el Gobierno y la Sociedad Civil, el rol de una política de seguridad alimentaria debe estar conectada directamente con el Presidente de la República, sin las limitaciones que se imponen al ser parte de un ministerio.
La recuperación del CONSEA (Consejo de Seguridad Alimentaria), se ve como la mejor propuesta para la realización de Fome Zero. CONSEA representa una innovación al tener en su estructura representantes directos del Gobierno Federal y de la sociedad civil discutiendo las propuestas, acelerando el proceso de erradicación de la pobreza y el hambre.

El CONSEA, presenta limitaciones como las decisiones relacionadas con políticas económicas, reduciéndose así a ser un organismo de presión para lograr resultados rápidos. Es por esto que: "Se recomienda que las decisiones tomadas en CONSEA y asumidas por el Presidente deben ser implementadas bajo la coordinación de una autoridad con mandato gubernamental. Se recomienda también, considerando las diferentes funciones que deben ser ejercidas constituir dos Secretarías Ejecutivas, la primera que coordinaría a los organismos gubernamentales y la segunda los organismos de naturaleza civil…"