LINEAS GENERALES DEL ESTATUTO VASCO....

Nacionalidad vasca: Reconocimiento oficial de la nacionalidad vasca a los vecinos de cualquier municipio de la Comunidad de Euskadi, una nacionalidad que sería compatible con la española. Será ciudadano vasco aquel que tenga vecindad administrativa en alguno de los municipios de Euskadi.

Competencias: Defiende la competencia del Parlamento Vasco para "regular y gestionar la realización de consultas democráticas por vía de referéndum".

Autogobierno: Las materias que deben ser exclusivas de los organismos vascos abarcan el grueso político, social y económico y se extienden a atribuciones que el País Vasco no tiene en la actualidad: las políticas de autoorganización e institucionalización interna, las educativas y culturales, el ámbito lingüístico, Hacienda, Patrimonio, política fiscal, financiera y tributaria, recursos naturales, políticas de ordenación de la actividad económica, políticas sectoriales económico-financieras y políticas sociales y sanitarias. El Gobierno vasco aspira también a tener su propia Seguridad Social.

Materias reservadas al Estado: El Estado tendrá capacidad para gobernar en exclusiva sobre Defensa, el sistema monetario, el abanderamiento de buques, la matriculación de aeronaves y la determinación de la hora oficial. Al Estado reserva también Ibarretxe todo lo relativo a la nacionalidad española, el derecho de asilo y las relaciones internacionales, pero se reserva su capacidad para intervenir cuando afecten al País Vasco.

Relaciones Exteriores: El lehendakari reconoce que, tal y como funcionan las instituciones europeas, necesita de la colaboración del Estado. Pretende que en las elecciones al Parlamento Europeo, el País Vasco constituya una comunidad única. Respecto a las relaciones con terceros, quiere que se reconozca el carácter oficial de sus delegaciones y que se necesite de autorización previa para firmar tratados que restrinjan sus competencias.

Poder judicial: Creación de un poder judicial autónomo, que tendría como "cúspide de la organización judicial vasca" al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco donde se agotarían las instancias procesales. Contempla que el actual Tribunal Supremo se limite en lo respecta al País Vasco a dirimir los conflictos de competencias y jurisdiccionales, así como para unificar doctrina. Constitución de Consejo Judicial Vasco como órgano de poder judicial que ejercerá sus funciones y competencias "en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial del Estado". El Consejo Judicial Vasco nombrará al presidente del Tribunal Superior y otros cargos y designará al Fiscal jefe del TSJ, basándose en una ley del Parlamento Vasco que regularía el funcionamiento del Ministerio Fiscal en el ámbito de la Comunidad, en la que la Ertzaintza actuaría como Policía judicial.

Navarra e Iparralde: La Propuesta se refiere exclusivamente al ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca. Las relaciones futuras con Navarra e Iparralde (País Vasco francés) se limitarían únicamente a lo que decidan los ciudadanos de estas realidades administrativas.

Mecanismos de garantías: Este sistema de garantías quedarían plasmadas en una comisión Euskadi-Estado para la "prevención de conflictos y la armonización de políticas públicas", y en la creación de una sala específica del Tribunal Constitucional para los conflictos de los que sean parte las instituciones vascas y cuyos miembros serían designados de forma paritaria por el propio TC y el Parlamento Vasco y nombrados por el Rey.

Plazos: El nuevo Estatuto debería ser aprobado por mayoría absoluta en el Parlamento de Vitoria, en una votación que se lleva a cabo hoy. En la actualidad, el Gobierno Vasco no cuenta con mayoría absoluta, ya que sólo suma 36 de los 75 diputados del Parlamento. Después se abriría un proceso negociador con el Estado -que según Ibarretxe no debería superar los seis meses-, con la aprobación posterior de las Cortes Generales y del Parlamento Vasco del resultado de la negociación y la aprobación definitiva por la sociedad vasca en referéndum.

Por ello, esta consulta sería en el 2005, "en ausencia de violencia y sin exclusiones". En teoría, coincidiría aproximadamente con las elecciones autonómicas, en la primavera de ese año. Si la negociación con el Estado se frustrara y no se alcanzara un acuerdo sobre el texto aprobado por la mayoría absoluta del Parlamento Vasco, el lehendakari someterá igualmente el nuevo Estatuto a la consulta de la sociedad vasca en referéndum, y si es ratificado, "será necesario iniciar un nuevo proceso negociador con el Estado para incorporar la voluntad democrática de la sociedad vasca al ordenamiento jurídico".