UN MILLON DE EXTRANJEROS PODRAN VOTAR , UN 58 % MAS QUE EN LAS ELECCIONES DE 2003

Todos los políticos consultados aseguran que el voto inmigrante será decisivo
En las próximas elecciones habrá 280.000 personas con doble nacionalidad
La alcaldía de Alcalá de Henares se decidió en 2003 por apenas 3.000 votos. En este municipio de casi 200.000 vecinos al este de Madrid viven unos 18.000 rumanos, 18.000 ciudadanos cuya voluntad, si se cumplen los plazos de adhesión de Rumania a la UE en 2007, será decisiva para definir el color político del Consistorio. No es un caso aislado. En España hay, a falta de dos años para los próximos comicios, 978.245 inmigrantes con derecho al voto, un 58% más que en 2003. Los partidos comienzan a calentar motores electorales para captar estos importantes sufragios.
No es la primera vez que sucede. Desde 1999 los residentes en España procedentes de la Unión Europea pueden ejercer el derecho al voto y ser votados en los comicios locales. De hecho, en algunos municipios de la costa alicantina es normal encontrase con concejales extranjeros. La gran novedad es que en 2007 podrán expresar su voluntad en las urnas los que provengan de los 10 nuevos países de la Unión, incluido Bulgaria y Rumania, cuyos ciudadanos está previsto que sean comunitarios con plenos derechos el 1 de enero de ese año. En estos momentos hay 754.537 europeos con derecho al voto, de los que 264.941 proceden de los países de la ampliación.
Tampoco es nada desdeñable el grupo formado por los ciudadanos que han logrado la doble nacionalidad que, como cualquier español, pueden votar en todas los sufragios. El número de concesiones de nacionalidad ha crecido casi tanto de 2003 a 2005 (96.733 nuevos españoles) como en la década anterior (121.725). De seguir con las más de 3.500 concesiones mensuales, en las próximas elecciones habrá unas 280.000 personas con doble nacionalidad. La mayoría proceden de Latinoamérica porque consiguen el documento demostrando dos años de residencia legal, mientras el resto (excepto los de Portugal, Filipinas, Guinea Ecuatorial y sefardíes) tienen que esperar diez años.
La voluntad de los emigrantes con derecho al voto, un 62% de los que tienen autorización de residencia, pueden que se diluyan en los comicios nacionales o incluso autonómicos -aunque en la Comunidad de Madrid con más de 500.000 inmigrantes legales las últimas elecciones se decidieron por 30.000 votos- pero puede ser decisiva en muchos municipios.
A los partidos políticos no se les escapa esta situación y están realizando las primeras acciones para llevar a su terreno a más del millón de nuevos electores. Algunos organizan viajes a los países de origen de la mayoría de los extranjeros, otros firman convenios con sus asociaciones, Esperanza Aguirre (presidenta de la Comunidad de Madrid) ha creado una consejería de inmigración, etc. Los partidos de izquierdas han pedido en diversas ocasiones que puedan votar todos los que tengan permiso de residencia. Iniciativa per Catalunya (IC-V) ha anunciado que en Figueres (Gerona) su cabeza de lista será un británico. Y mucho más explicito ha sido el presidente del PP en Castellón, Carlos Fabra, quien abiertamente ha pedido el censo de inmigrantes.
Todos los políticos consultados por EL PAÍS reconocen que el voto inmigrante tendrá una influencia decisiva en las elecciones locales y coinciden en que lo más importante es fomentar su participación. Aunque, aseguran, de momento no están haciendo ninguna acción de captación. En el PSOE especifican que no realizarán ninguna campaña específica porque "sería discriminatoria", según Antonio Hernando, diputado y responsable de inmigración. "Tienen los mismos problemas de vivienda, trabajo y educación que el resto de ciudadanos y deben ser tratados igual", añade. En el PP también consideran que tienen las mismas necesidades, aunque su diputada y portavoz del área, Ángeles Muñoz, admite que realizarán acciones especiales, como redactar el programa electoral en distintos idiomas, dirigirse a medios de comunicación de los extranjeros o incluirlos en sus listas: "Lo importante es que tengan toda la información para que sepan que su mejor opción es el PP".
Lo más difícil es saber si acudirán a las urnas. En los cinco países europeos en los que todos los extranjeros con papeles pueden votar, su participación es más baja que la de la población autóctona, según Mónica Méndez, profesora de la Universidad de Murcia que ha estudiado el voto inmigrante. También ha sido baja la participación de los europeos que vienen a España en busca de sol y de playa. Suelen tener sus vidas resueltas y a muchos les preocupa poco la política de los pueblos en los que viven, normalmente aislados en urbanizaciones. Sin embargo, es la primera vez que un nutrido grupo de inmigrantes del mundo pobre con necesidades de trabajo, vivienda, servicios sociales, podrá votar. "Su participación dependerá mucho de la movilización hacia el voto que hagan sus asociaciones y los partidos políticos", asegura la experta.
Dora Aguirre, la presidenta de Rumiñahui, una de las asociaciones más numerosas, opina que la mayoría de los 200.000 ecuatorianos (equivalente a la población de Móstoles) que tendrán derecho a voto acudirán a las urnas porque "ha habido un proceso importante de conocimiento del entorno y confían más en las instituciones que en Ecuador". Aguirre considera que, a pesar de que un informe de la ONU revela que más de la mitad de los latinoamericanos apoyarían un régimen autoritario si le solucionara los problemas económicos, los ecuatorianos en España votarán a quien haya realizado "un discurso conciliador y rechazarán los que hayan fomentado la xenofobia".
Sin embargo, el presidente de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes Rumanos (Fedrom), Miguel Fonda, cree que los procedentes de este país han sufrido tanta corrupción "que miran con desconfianza el tema político". "Como no lo remediemos, no ejercerán su derecho al voto". Para él, los acercamientos de los partidos a los inmigrantes son todavía "tímidos". "Les da miedo la reacción xenófoba que puede haber si extienden el derecho de voto a todos los inmigrantes residentes".
FUENTE:EL PAIS