CCOO CONDENA LA POSTURA DE ESPAÑA POR APOYAR EL RETRASO DE LA APROBACION DEL REGLAMENTO REACH DE SUSTANCIAS QUIMICAS

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) denuncio la postura del Gobierno español de apoyar el retraso en la aprobación del reglamento REACH de sustancias químicas en el Parlamento europeo. "Este retraso es antisocial y antiambiental y el Gobierno se pone de rodillas ante la industria química y da la espalda a la sociedad, ya que en este reglamento nos jugamos la salud de la sociedad", afirmó el secretario de Salud y Medio Ambiente de CCOO, Joaquín Nieto.

 El reglamento REACH tenía como objetivo en el inicio de los debates obligar a la industria química a registrar, evaluar y analizar los posibles daños sobre la salud de las sustancias químicas que iba a comercializar, pero "la industria química ha conseguido con la complicidad de muchos gobiernos rebajar las exigencias", señaló en rueda de prensa Nieto.

La aplicación de este reglamento no es un coste, según Nieto, sino un beneficio para la industria y para la sociedad. Así, frente a un coste que oscila entre 2.800 a 5.200 millones de euros en 15 años, los beneficios se calculan en 3.500 millones a 10 años y 90.000 a 30 años.


Por su parte, el eurodiputado de Los Verdes David Hammerstein indicó que el reglamento REACH "ha sido rebajado a los niveles deseados por la industria química alemana" y "no se podrá salir de la ignorancia química actual", porque no permitirá saber cuáles son las sustancias que emplean y sus efectos.

Por su parte, 500 profesionales y sanitarios han firmado una carta en apoyo a la aprobación de un reglamento REACH ambicioso para que se registren todas las sustancias químicas existentes y sus propiedades básicas, se integre el principio de sustitución para eliminar del mercado las que son de elevada peligrosidad, que se establezca un mecanismo de validación que garantice la calidad de la información y haya transpariencia en la toma de decisiones.

Además, los sanitarios denuncian la exposición actual de la población a sustancias químicas no sujetas a regulaciones, la persistencia a largo plazo en ecosistemas y seres humanos y el lento y costoso proceso de evaluación de riesgo que debe demostrarse por los gobiernos, no por la industria.

FUENTE:EUROPA PRESS