AMNISTIA INTERNACIONAL

La organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI), denuncia la "impunidad de hecho entre funcionarios responsables de delitos" en España.

En el informe "España, acabar con la doble injusticia. Víctimas de tortura y malos tratos sin reparación", AI exige que el gobierno español reconozca la existencia de casos torturas y malos tratos en sus cárceles y centros de detención.
También pide que las autoridades agilicen los procesos legales y hagan posible una reparación a las víctimas de esta clase de abusos "tal como exigen las normas internacionales de derechos humanos".
El trabajo es fruto de cuatro años de investigaciones basadas en 450 sentencias dictadas entre 1980 y 2004 por tribunales españoles.
Al mismo tiempo esta organización reconoce en general "la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado", es decir, advierte que no se trata de delitos sistemáticos.

Extranjeros: "el pico del iceberg"

Según AI, entre 1995-2002 se registraron oficialmente 320 casos de maltratos de extranjeros, el grupo de personas más afectadas por los abusos de las autoridades.
La mitad de los delitos se cometieron contra personas de origen magrebí.
También "recibimos denuncias muy consistentes de ecuatorianos, colombianos y dominicanos", explica Beltrán.
El número de abusos contra latinoamericanos aumenta a medida que la población latina crece, y representa el principal grupo de extranjeros residentes en España.
AI teme que el número real sea mucho mayor. "Es el pico del iceberg" dice Beltrán, agregando que muchos afectados temen hacer denuncias por encontrarse en una situación irregular.
La situación legal está ligada estrechamente a las torturas de extranjeros, que "se dan por la vulnerabilidad de las personas, más bien cuando piden los papeles y menos en los centros de detención", explica Beltrán.

La ONU, preocupada

Según AI, la duración de los procesos por tortura y malos tratos es "excesiva", y en la mayoría de los casos estudiados excede los siete años, "con periodos de inclusos 15 y 20 años "para acceder a una indemnización".
Por otra parte, AI denuncia que "los condenados por delitos de tortura y malos tratos se han beneficiado de indultos".
Estas demoras "ponen de manifiesto un problema especial en España que no se plantea en otras democracias comparables, y requiere medidas especiales del gobierno para perseguir estas prácticas que no adecuan a la Convención contra la Tortura", dice a BBC Mundo Fernando Mariño, presidente del Comité Contra la Tortura de la ONU.
Desde la ONU, se admite "preocupación, y se identifica la necesidad de que las investigaciones sean prontas e inmediatas".
Lo que distingue al caso español es la falta del "cumplimiento de un protocolo en comisarías y en el acto de la detención", mientras que "la legislación es la adecuada", puntualiza Mariño.

Esperanza controlada

Fernando Mariño, presidente del Comité Contra la Tortura de la ONU
Según AI, todos los gobiernos en España han tendido a negar la existencia de casos de tortura.
Aunque se espera que esta situación cambie, tampoco con el nuevo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que insiste en el diálogo y en amplios consensos sociales, se registran indicios de una postura más autocrítica.
"Nuestro último contacto oficial al más alto nivel con el ministro de Justicia fue desalentador, cuando habló de que el 100% de los casos de torturas y malos tratos inflingidos a presuntas personas que se presentaban desarmadas eran falsos", lamenta Beltrán.
La novedad del estudio es que son los propios tribunales españoles los que han establecido como hechos probados los casos de torturas. "No se puede tapar el sol", dice el director de AI en España, y aclara que "no es sistemático, pero existen casos".
En este sentido, la organización ha incluido 23 recomendaciones en este informe entre las que la principal es el gobierno adopte medidas legislativas "con dotación presupuestaria para garantizar que las víctimas de torturas y malos tratos puedan acceder a una reparación completa"
FUENTE:BBC Mundo.